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El ministro de Justicia Néstor Osuna ratificó el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en el que se negó a nombrar un nuevo alcalde encargado en Riohacha (La Guajira) ante una suspensión provisional de la Procuraduría contra el alcalde José Ramiro Bermúdez.
El Ministro explicó que el oficio radicado por el mandatario para explicar sus razones, se respalda en las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando falló a favor del mandatario para restituirlo en la Alcaldía de Bogotá cuando fue destituido por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.
Osuna aseguró que en la jurisprudencia que ha sido emitida en repetidas ocasiones por la Corte Constitucional, da cuenta que el alto tribunal contempla que las órdenes del organismos internacionales son tenidas en cuenta en el marco jurídico colombiano.
“La Corte Constitucional ha dicho en innumerables ocasiones que la Convención Interamericana de Derechos Humanos se entiende integrada a la Constitución. El tribunal ha dicho también que la Procuraduría no es juez y no puede ejercer funciones de juez. Si el presidente escribe eso, creo que está cumpliendo plenamente sus funciones constitucionales”, mencionó el Ministro.
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El jefe de cartera explicó que esta discusión no se enfoca en el caso del alcalde de Riohacha, sino que solamente es un asunto que implica las decisiones emitidas por la CIDH y que han generado conflictos por las funciones de la Procuraduría.
Ante esta discusión, el alcalde de la capital de La Guajira cumplió con su palabra y se reintegró en su cargo este viernes, desconociendo además la prórroga de la sanción provisional que fue anunciada por la Procuraduría por otros tres meses.
La procuradora general, Margarita Cabello aseguró que el alcalde Bermúdez se expone no solo a que le sean impuestas otras sanciones disciplinarias sino a consecuencias de carácter penal.
“El alcalde de Riohacha no puede decir que está acatando la carta del presidente. El equipo de la Procuraduría está atento a ver qué va a ocurrir porque es una falta disciplinaria adicional, pero es una falta penal”, aseguró Cabello.
Según la Procuradora, el funcionario estaría incurriendo en el delito de prevaricato, que sería tipificado por omisión, delito que según el código penal, correspondería a una pena mínima de 32 meses de prisión.
