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El Ministerio de Hacienda se pronunció frente al tema del desacato de una tutela que interpuso el comité promotor de la consulta minera en el municipio de Córdoba, Quindio.
"Frente a la defensa que se propuso por esta cartera ministerial al contestar dicha acción de tutela, en el sentido que no es con recursos del Presupuesto General de la Nación que se financia la ejecución de este tipo de consultas cuando son las mismas entidades territoriales las que ordenan su realización".
El Ministerio insistió en que este es "un argumento jurídico con respaldo en la Ley 1757 de 2015" y por tanto, "el Tribunal Administrativo del Quindío consideró que este evento de ejecución de consulta popular de carácter minero está a cargo del Gobierno Nacional y de la entidad territorial que la ordenó".
En la respuesta, el Ministerio recordó que "a la fecha, se está tramitando un incidente de desacato contra el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público el cual está pendiente de fallo y, eventualmente, de recurso de consulta, en caso de confirmarse su situación de desacato".
La entidad señaló con respecto al desacato de esta acción legal, que "independiente al respeto por los argumentos de la orden dada, así no se compartan, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del señor Ministro está atento al agotamiento del trámite del recurso de impugnación, así como del incidente de desacato para que dichas instancias sean resueltas dentro del marco de la plena observancia de las normas presupuestales".
Recordó además que, “en el fallo, dicho Tribunal, ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el municipio de Córdoba Quindío “coordinar todas las gestiones a lugar con miras a garantizar la realización de la Consulta Popular aludida en el Municipio de Córdoba en lo que al presupuesto y demás aspectos necesarios para la ejecución de la misma”.
El Gobierno ha insistido en que no se cuenta con recursos para adelantar este tipo de consultas y por tanto deben ser los entes territoriales, en especial los acaldes, los encargados de la financiación de estos procesos democráticos.
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