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El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, denunció disciplinariamente al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, ante la Procuraduría General de la Nación, por su presunta participación en política.
En entrevista con RCN Radio Neiva, Uribe aseguró que Bolívar habría utilizado su cargo público y un evento institucional para promover el “Sí” en la Consulta Popular impulsada por el Gobierno Nacional, así como para hacer campaña anticipada a favor del Pacto Histórico.
“Hoy radiqué una queja disciplinaria contra Gustavo Bolívar porque utilizó un espacio institucional, financiado con recursos públicos, para hacer proselitismo político a favor del Pacto Histórico y para promocionar una consulta que ni siquiera ha sido convocada formalmente”, señaló el congresista.
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Los hechos señalados habrían ocurrido en Soledad, Atlántico, durante un evento oficial del Departamento de Prosperidad Social (DPS), donde Bolívar, según Uribe, instó a los ciudadanos a respaldar el “Sí” en la consulta y a votar por el Pacto Histórico en 2026.
Uribe sostuvo que esto constituye una falta grave y una violación a las normas que rigen el comportamiento de los funcionarios públicos. “Con nuestros impuestos está haciendo politiquería, defendiendo intereses personales y el proyecto político de Gustavo Petro”, aseguró.
La queja presentada por el senador se fundamenta en tres normas principales:
- Artículo 127 de la Constitución, que prohíbe a los funcionarios públicos participar en política.
- Ley 1757 de 2015, que restringe las campañas sobre consultas populares hasta después de su convocatoria oficial.
- Artículo 60 del Código General Disciplinario, que sanciona el uso indebido del cargo para intereses políticos. “La ley debe aplicarse para todos los colombianos, sin excepciones. Gustavo Bolívar abusó de su cargo y debe responder. No podemos permitir que se distorsione el ejercicio del poder para obtener réditos políticos personales”, enfatizó Uribe.
El senador también afirmó que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia del Gobierno para influir en la opinión pública y ganar ventaja electoral.
Finalmente, hizo un llamado a la Procuraduría para que actúe de manera pronta y ejemplar. De ser hallado responsable, Gustavo Bolívar podría enfrentar sanciones que lo inhabiliten para ejercer cargos públicos, en un momento en que su perfil político ha cobrado protagonismo.
Los hechos en cuestión ocurrieron en el municipio de Soledad, Atlántico, donde Bolívar, según Uribe, aprovechó un acto oficial del DPS para hacer campaña política disfrazada de gestión social, allí, el funcionario habría instado a los ciudadanos a respaldar el “Sí”, y a votar por las listas del Pacto Histórico en las elecciones de 2026.
Para el senador, esto configura una grave infracción a las normas que rigen la conducta de los servidores públicos en Colombia, “con nuestro impuestos está haciendo politiquería, defendiendo sus intereses personales y el proyecto político de Gustavo Petro”, agregó el senador.
Miguel Uribe sustentó su queja en tres pilares legales fundamentales: El primero, el artículo 127 de la Constitución Política, que prohíbe expresamente a los funcionarios del Estado participar en política; el segundo, la Ley 1757 de 2015, que establece que las campañas en consultas populares solo pueden iniciarse después de su convocatoria oficial; y el tercero, el artículo 60 del Código General Disciplinario, que sanciona el uso indebido del cargo público.
“Ahora solo queda esperar que la procuraduría se pronuncie, pero lo cierto es que nuestra labor es ponerle límite a un gobierno que pretende aferrarse al poder”, puntualizó el senador.
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Para el congresista, estas acciones de Bolívar no son aisladas, sino parte de una estrategia más amplia del actual Gobierno para manipular la opinión pública y generar ventajas electorales anticipadas.
En ese sentido, Miguel Uribe hizo un llamado contundente a la Procuraduría para que actúe de manera inmediata y ejemplar. “La ley debe aplicarse para todos los colombianos, sin excepciones. Gustavo Bolívar abusó de su cargo y debe responder. No podemos permitir que se distorsione el ejercicio del poder para obtener réditos políticos personales”, concluyó el senador.
El senador insistió en que esta queja no solo busca establecer responsabilidades individuales, sino también abrir un debate nacional sobre los límites del poder en un Estado de derecho. De ser hallado responsable, Bolívar podría enfrentar sanciones disciplinarias que lo inhabilitarían para ejercer cargos públicos, en un momento en que su figura ha ganado protagonismo.
