La FM en Google News
Más de 20 congresistas enviaron cartas al Congreso de Estados Unidos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para advertir sobre los posibles riesgos de la reducción presupuestal prevista para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En el documento los legisladores cuestionan la disminución de casi $170.000 millones frente a la asignación propuesta por el Gobierno nacional para 2027 y solicitan espacios de diálogo, acompañamiento y seguimiento.
La preocupación de los congresistas se centra en las posibles consecuencias que tendría la reducción de recursos para los derechos de las víctimas, la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto armado y la continuidad de la justicia transicional en Colombia.
En sus comunicaciones, los legisladores solicitaron, por un lado, que se examinen los efectos que podría tener el presupuesto propuesto sobre el funcionamiento de la jurisdicción y el cumplimiento de sus responsabilidades. Por otro lado, pidieron acompañamiento internacional para evaluar preventivamente los riesgos señalados.
¿Qué es la JEP?
La JEP es el componente judicial creado mediante el Acuerdo Final de Paz de 2016. Su función es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado.
De acuerdo con los congresistas, la información sobre el posible recorte presupuestal resulta pertinente para el examen que realiza el Congreso estadounidense sobre la cooperación con Colombia.
La reducción de los casi $170.000 millones
La preocupación de los congresistas está relacionada con el proyecto presupuestal que fue socializado el pasado 14 de octubre de 2026 y que se encuentra propuesto para segundo debate ante la Cámara.
Según el documento, el escenario presupuestal contempla más de $650.000 millones para la JEP, una cifra inferior en aproximadamente $170.000 millones a la propuesta presentada por el Gobierno nacional para 2027.
La reducción estaría distribuida entre los recursos destinados al funcionamiento y los de inversión. De acuerdo con el documento conocido, el ajuste correspondería a cerca de $30.000 millones en funcionamiento y $140.000 millones en inversión.
La preocupación de los congresistas
Los congresistas consideran que la reducción plantea interrogantes sobre la capacidad de la jurisdicción para desarrollar sus actividades y atender las obligaciones relacionadas con los procesos judiciales del conflicto armado.
Sin embargo, el trámite presupuestal todavía no ha concluido. La JEP ha solicitado conservar una asignación cercana a los $821.803 millones, correspondiente a la propuesta del Gobierno nacional.
La diferencia entre los recursos solicitados por la jurisdicción y los contemplados en el escenario presupuestal en discusión constituye uno de los puntos centrales de la alerta presentada por los legisladores. Por ello, pidieron abrir espacios de diálogo y seguimiento antes de que termine el trámite.
Las cartas remitidas al Congreso estadounidense, la CIDH y la Fiscalía de la CPI buscan poner en conocimiento de esas instancias los riesgos que, a juicio de los congresistas, podrían derivarse de la reducción.
Congresistas advierten riesgos para investigaciones, audiencias y sanciones
En las comunicaciones, los legisladores también se refirieron a las advertencias que la JEP habría presentado ante el Congreso de la República el 13 de octubre. La jurisdicción señaló que el escenario presupuestal aprobado en comisiones podría afectar el desarrollo de audiencias e investigaciones en distintos territorios.
Otro de los puntos expuestos corresponde a la financiación necesaria para monitorear las sentencias y hacer seguimiento a los comparecientes ante la jurisdicción. Este aspecto preocupa a los congresistas por su relación con la verificación del cumplimiento de las sanciones impuestas en el marco de la justicia transicional.
Clave del tema, en cuatro preguntras:
1. ¿Por qué más de 20 congresistas alertaron sobre el recorte presupuestal a la JEP?
Más de 20 congresistas enviaron cartas al Congreso de Estados Unidos, la CIDH y la Fiscalía de la CPI para advertir sobre los posibles riesgos de reducir cerca de $170.000 millones del presupuesto previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz en 2027. Solicitaron diálogo, acompañamiento internacional y seguimiento a los efectos de la medida.
2. ¿De cuánto sería el recorte presupuestal para 2027?
El proyecto presupuestal contempla más de $650.000 millones para la JEP, cerca de $170.000 millones menos que la asignación propuesta por el Gobierno nacional. El ajuste se distribuiría entre $30.000 millones de funcionamiento y $140.000 millones de inversión. El trámite todavía no ha concluido.
3. ¿Qué consecuencias podría tener la reducción de recursos?
El posible recorte presupuestal podría afectar, según las advertencias citadas por los congresistas, el desarrollo de audiencias e investigaciones en distintos territorios, así como el seguimiento a las sentencias y a los comparecientes. También genera preocupación por la verificación del cumplimiento de las sanciones de la justicia transicional.
4. ¿Cuánto presupuesto solicita la JEP para cumplir sus funciones?
La Jurisdicción Especial para la Paz ha solicitado conservar una asignación cercana a $821.803 millones, correspondiente a la propuesta del Gobierno nacional para 2027. La diferencia frente al monto contemplado en el proyecto presupuestal es uno de los puntos centrales de las cartas enviadas por los congresistas a instancias nacionales e internacionales.
