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En una carta fechada este 24 de octubre, la congresista María Clara Posada, le respondió a la defensoría del pueblo, Iris Marín Ortiz, quien había pedido una rectificación por los ataques contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Julieta Lemaitre Ripoll.
Posada escribió que rechaza que se pretenda someter sus opiniones. "Rechazo que se pretenda someter mis opiniones y responsabilidades constitucionales a la interpretación que usted considera aceptable". Dijo en la carta
Libertad de expresión
Posada dijo que es senadora y que representa a los ciudadanos, "no las preferencias de la Defensoría del Pueblo". Aseguró que la Constitución y la Ley 5.ª de 1992 amparan su libertad de expresión y sus funciones de control político. Y agregó que rectificar una información falsa es una cosa, pero que le exijan que abandone un juicio crítico porque incomoda a funcionarios es otra".
"Lo que usted llama contextualizar no puede significar imponer su versión de los hechos. Rectificar una información falsa es una cosa; exigir que se abandone un juicio crítico porque incomoda a funcionarios es otra. La Constitución protege el disenso, no solo la coincidencia con las autoridades", agregó
Rectificación
Posada, se ratifico frente a las imágenes divulgadas, al considerar que es impropio el trato hacia quien integró la dirección de una organización responsable de secuestros y crímenes graves, y que ninguna decisión judicial posterior borra esa historia.
"Me ratifico en mi apreciación sobre las imágenes divulgadas. Considero impropio el trato observado hacia quien integró la dirección de una organización responsable de secuestros y crímenes atroces. Ninguna decisión judicial posterior borra esa historia ni impide contrastar dicho trato con el dispensado a una víctima", agregó.
Cuestionamientos
La senadora planteó varios puntos que, según ella, merecen explicaciones:
Audiencias distintas: dijo que, según la información que recopiló, comparecientes de las FARC participaron en diligencias reservadas, mientras los militares enfrentaron audiencias públicas transmitidas en vivo.
Bienes de las FARC: según las cifras que ha señalado, quedaría pendiente el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los muebles comprometidos. Preguntó qué seguimiento ha hecho la Defensoría.
Contratación de la JEP: dijo que, según la información que ha denunciado, se habrían ejecutado $201.467 millones mediante el PNUD, y planteó dudas sobre la publicidad de los contratos y el control de esos recursos.
Denuncias
Posada, cuestionó la falta de pronunciamiento sobre los cumplimientos de los compromisos de entrega de bienes de las FARC, " Según las cifras que he señalado, quedaría pendiente el 81,8% de los inmuebles y el 96,5 % de los muebles comprometidos".
En torno a la contratación de la JEP mediante el PNUD, indicó que "según la información que he denunciado, se habrían ejecutado $201.467 millones. He planteado interrogantes sobre la publicidad de los contratos, el control de esos recursos, el alcance de las restricciones legales y los efectos de las inmunidades aplicables". Agrego
Recordó que, según los antecedentes que invoca, la defensora fue magistrada auxiliar de la JEP. Dijo que eso "no prueba por sí solo parcialidad", pero que hace más importante que se expliquen los criterios de la entidad. También pidió que esa vinculación no se use para "defender a su antiguo empleador".
La senadora dijo que muchos informes de la Defensoría le parecen "sesgados, descontextualizados y próximos a una orientación ideológica reconocible", aunque aclaró que no les exige adoptar su punto de vista.
Por último, advirtió que sus denuncias pueden aumentar su exposición a amenazas y le pidió a la Defensoría que sus actuaciones no contribuyan a estigmatizar las denuncias ni a agravar la situación de riesgo. Cerró con una frase: "La independencia judicial merece respeto. La independencia del Congreso, también".
¿Cómo empezó todo?
La polémica viene de unos videos de audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que circularon en redes. Posada y el senador Germán Rodríguez los compartieron para cuestionar el trato de la magistrada Julieta Lemaitre hacia excombatientes de las FARC.
El 21 de octubre, la JEP rechazó lo que llamó una campaña de desprestigio contra la magistrada. Dijo que los videos eran "fragmentados y manipulados" y que mostraban solo unos segundos, sin las decisiones finales de los procesos.
Este 24 de octubre, la Defensoría del Pueblo se pronunció. Expresó su preocupación por las publicaciones de los dos congresistas, que según la entidad difundieron fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales. Les pidió rectificar las afirmaciones falsas o sin sustento y no reproducir contenidos que estigmaticen o promuevan la violencia de género. También reconoció que las actuaciones de la JEP pueden ser cuestionadas por los mecanismos institucionales.
Preguntas claves para entender el tema
¿Qué le respondió la senadora María Clara Posada a la Defensoría del Pueblo?
Le dijo que no tiene que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre la JEP. Dijo que su libertad de expresión y su función de control político están amparadas por la Constitución.
¿Qué le pidió la Defensoría del Pueblo a los congresistas sobre la JEP?
Les pidió rectificar las afirmaciones falsas o sin sustento y no reproducir contenidos descontextualizados ni expresiones que estigmaticen o promuevan la violencia de género, en el caso de la magistrada Julieta Lemaitre.
¿Qué cuestiona la senadora Posada de la JEP?
Cuestiona el trato hacia excombatientes de las FARC en audiencias, las diferencias con las audiencias de militares, el cumplimiento de la entrega de bienes de las FARC y la contratación de la JEP mediante el PNUD.
¿Qué dijo la JEP sobre los videos de las audiencias?
La JEP dijo el 21 de octubre que los videos son fragmentados y manipulados, que muestran solo unos segundos y omiten las decisiones finales. Rechazó una campaña de desprestigio contra la magistrada.
