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La discusión sobre la libertad concedida a Sandra Ortiz por vencimiento de términos abrió un debate en La FM entre el abogado Iván Cancino y el magistrado Hermes Lara. Ambos expusieron posiciones distintas sobre las garantías constitucionales, el funcionamiento del sistema penal y las reformas que podrían aplicarse para reducir las demoras judiciales en procesos de alta visibilidad pública.
¿Por qué se conceden libertades por vencimiento de términos?
Cancino afirmó que existe un “desconocimiento absoluto del derecho penal” cuando se responsabiliza a los abogados defensores por las libertades derivadas del vencimiento de términos. Explicó que “toda maniobra dilatoria el juez la puede descontar” cuando proviene de la defensa o del procesado. Además, sostuvo que “el reloj procesal” constituye una garantía constitucional y señaló que la detención preventiva “no puede ser un depósito humano mientras el expediente avanza lentamente”.
El abogado agregó que las garantías actuales “no requieren nueva ley” ni nuevas interpretaciones porque, según indicó, “los jueces ya la hicieron hace mucho tiempo”. También expresó que los jueces de garantías “no pueden seguir siendo objeto de críticas cuando aplican la ley y defienden la Constitución”. Durante el debate sostuvo que la carga laboral de jueces y magistrados no puede trasladarse al ciudadano y reiteró que “la medida de aseguramiento no fue creada para castigar, sino para garantizar el proceso”.
Cancino aseguró además que “la demora judicial jamás puede convertirse en una condena encubierta” y manifestó que la presunción de inocencia debe mantenerse durante todas las etapas del proceso. Según explicó, cuando un expediente “se eterniza”, la detención deja de tener un carácter cautelar y pasa a convertirse en “una pena anticipada”. También afirmó que “la libertad no expira porque el aparato judicial sea ineficiente” y sostuvo que las normas vigentes “sirven para un proceso más rápido”.
¿Qué cambios proponen sobre la justicia penal en Colombia?
Hermes Lara coincidió en que el sistema judicial necesita modificaciones y afirmó que Colombia “está en mora” de impulsar una reforma integral al procedimiento penal. Explicó que el objetivo no es impedir las libertades dentro de los procesos, sino lograr que “los procesos fluyan”, especialmente en asuntos de “connotación nacional”. También señaló que las personas recuperan la libertad porque “tienen ese derecho”, aunque cuestionó que el sistema no priorice ciertos casos para que los jueces puedan dedicarse exclusivamente a esos expedientes.
Frente a esa posición, Cancino respondió que “la justicia no debe distinguir” entre procesos con presencia mediática y otros expedientes judiciales. Indicó que todos los ciudadanos “deben tener igual capacidad de justicia” y rechazó la posibilidad de establecer tratamientos distintos según el impacto público de cada caso. Además, señaló que las garantías constitucionales deben aplicarse sin diferencias y afirmó que los procesados “no están pidiendo un favor”, sino exigiendo “el cumplimiento de la Constitución”.
Lara defendió la necesidad de una “justicia pronta y eficaz” y planteó procedimientos especiales para determinados delitos y casos relacionados con corrupción. En ese contexto afirmó que procesos que duran “10 y 15 años” no representan justicia y sostuvo que esa situación “es una burla para una democracia”. También expresó que “se requieren cambios estructurales y fundamentales” para establecer procedimientos “claros y puntuales” en asuntos relacionados con corrupción y otros procesos de interés nacional.
En el cierre del debate, Lara cuestionó que existan únicamente “tres jueces de primera instancia” para los casos relacionados con aforados del Congreso y mencionó ejemplos de Perú, Guatemala y El Salvador para insistir en la necesidad de una reforma judicial. Cancino, por su parte, reiteró que el problema central corresponde al funcionamiento del sistema y afirmó que “solo es voluntad de quienes operan el sistema” aplicar las herramientas existentes para acelerar los procesos judiciales sin afectar las garantías constitucionales vigentes.
