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En las últimas horas se conoció el borrador del proyecto de ley de sometimiento que el Gobierno presentará ante el Congreso, para garantizar el desmantelamiento de las organizaciones criminales que operan en el país.
En el texto se plantean rebajas de hasta el 60% de las penas para los miembros de estas organizaciones que se acojan a la ley y se les da la posibilidad a los integrantes de la mismas de quedarse con el 10% de los bienes ilegales que entreguen para la reparación de las víctimas.
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A raíz de esto, algunos congresistas se pronunciaron advirtiendo que éste no es el texto definitivo, porque el presidente Gustavo Petro debe darle su visto bueno para que pueda ser radicado.
El presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo que “es un borrador. Estamos a la espera de las observaciones que tengan a bien hacer el ministro de Justicia, el fiscal general de la Nación y el presidente de la República. Cuando tales observaciones sean recibidas uy el proyecto esté a punto, será el alto comisionado para la paz la voz autorizada parta explicar el proyecto y radicarlo en el Congreso de la República”.
El senador Iván Cepeda afirmó que se trata de una iniciativa que entrega beneficios a los miembros de las organizaciones criminales, a cambio de que decidan colaborar en el cese de las operaciones delincuenciales y en la reparación de las víctimas.
“Este es un proyecto extenso que tiene más de 80 artículos y que fija con toda claridad cual será el sentido y procedimiento de esa posible desestructuración de esas grandes organizaciones. Allí se contemplan visiones que modifican sustancialmente el régimen punitivo que existe hoy en el país, se flexibilizan algunos de los aspectos de ese acogimiento a la justicia, se otorgan prerrogativas parta garantizar los derechos de las víctimas en materia de verdad, reparación junto a la justicia y también se crean vías expeditas para que ese proceso de desmantelamiento funcione”, sostuvo.
Para el senador Ariel Ávila, lo que contiene el borrador del proyecto está acorde a lo que establecen las normas internacionales frente a las medidas de acogimiento para integrantes de estas estructuras delictivas.
“Está acorde con lo que pasa en muchos países del mundo, que a cambio de verdad y a cambio de entrega de bienes para reparar a las víctimas, hay una rebaja sustancial en los temas de penas que pueden significar cuatro o cinco años de cárcel y no 40 o 50 años", dijo.
Agregó que "a cambio de entregar los bienes, el Estado le permite a cada persona conservar el 10% para que pueda sobrevivir con su familia después de que salga de la cárcel, está acorde con el nivel internacional”.
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El senador Ávila también aclaró que los espacios de concentración de estos grupos solo se darían al final de todo el proceso de desmovilización.
“Las zonas de ubicación se van a dar a final de proceso, cuando llegue la tropa para la dejación de armas y la identificación por parte de la Fiscalía, el borrador se ajusta a lo que se hizo previamente con grupos paramilitares, así que no hay nada fuera de lo común. Obviamente los mandos son los que tienen un tratamiento jurídico y muchos de la tropa que no tienen procesos judiciales, tendrán un proceso de reincorporación”, explicó.
Se espera entonces que una vez el presidente Gustavo Petro regrese de Nueva York, pueda revisar la iniciativa y darle su visto bueno para que pueda ser radicada en el Congreso la próxima semana.
