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En entrevista con La FM de RCN, la senadora Paloma Valencia compartió su perspectiva sobre la Ley de Jurisdicción Agraria, un proyecto que se quedó a dos artículos de aprobarse en su primer y tercer debate. Aunque más del 90% del articulado recibió luz verde por parte de las Comisiones Primera de Cámara y Senado, los artículos 5 y 6, relacionados con el manejo de baldíos y derechos agrarios, generaron fuertes divisiones.
Valencia, una de las voces más críticas frente a la iniciativa, resaltó que aunque hubo avances significativos, persisten riesgos para la propiedad rural en el país, especialmente en lo que respecta a la garantía de derechos judiciales en procesos agrarios.
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"El Gobierno quiere eliminar la fase judicial en los procesos de baldíos"
La senadora advirtió sobre el impacto potencial de algunos puntos del proyecto, señalando que podrían dejar desprotegidos a quienes han adquirido tierras de buena fe. "El gobierno Petro quiere aprovechar este proyecto para eliminar la fase judicial de los procesos agrarios relacionados con baldíos. En un país donde el 36% de la tierra rural tiene problemas de títulos, eso dejaría sin garantías a las personas que compraron predios de buena fe durante los últimos 90 años", aseguró Valencia.
Asimismo, señaló que este enfoque podría otorgar un poder excesivo a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). "La ANT podría apoderarse de miles de predios en todo el país sin que un juez sea quien tome la decisión. Esto no solo es peligroso, sino que pone en riesgo el debido proceso que deben tener los ciudadanos", agregó.
En la entrevista, la congresista enfatizó que Colombia no necesita una nueva jurisdicción agraria, sino reforzar el acceso a la justicia en las zonas rurales más apartadas. "Yo he sido enemiga de la idea de que se necesitara una nueva jurisdicción. Lo que se necesita es garantizar que cada municipio tenga un juez y que estos jueces sean promiscuos, es decir, que puedan atender todas las causas del territorio", explicó.
También propuso un modelo en el que los jueces puedan desplazarse a las veredas para atender las necesidades de las comunidades. "Esto es lo que necesita Colombia: llevar la justicia a todo el territorio. No necesitamos más burocracia, sino soluciones reales para los campesinos", dijo.
Expropiación y extinción de dominio: un tema que genera tensiones
Valencia celebró que se eliminara la posibilidad de una "expropiación exprés" por vía administrativa, dejando este procedimiento exclusivamente en manos de jueces. "La expropiación en Colombia existe, pero tiene que ser con indemnización, con debido proceso y al valor comercial de los bienes. Este principio quedó salvaguardado, y eso es un avance importante", señaló.
No obstante, mostró su preocupación por las causales de extinción de dominio relacionadas con uso inadecuado o daños ambientales. "En la ley 160, se estableció que si no se producía adecuadamente o si se causaban daños ambientales, se podía extinguir el dominio. Esto equivale a una expropiación sin indemnización, lo cual es inconstitucional", afirmó.
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Valencia también explicó que este tipo de medidas podrían generar inseguridad jurídica para los propietarios rurales. "No podemos permitir que el Estado utilice argumentos reforzados para quitarle propiedades a las personas. Esto afecta a quienes trabajan la tierra y dependen de ella para subsistir", advirtió.
Baldíos: la lucha por la clarificación
Uno de los puntos más críticos del debate fue la clarificación de qué tierras son baldíos y cómo deben manejarse. Valencia explicó que históricamente, entre 1936 y 1994, muchas personas ocuparon baldíos de manera legal, pero no todos los casos fueron formalizados. "Durante ese período, la nación permitió que los baldíos fueran explotados legalmente, y muchas personas adquirieron derechos sobre estas tierras. Hoy, el Gobierno quiere recuperarlos, pero es difícil establecer qué predios son realmente baldíos", señaló.
La senadora celebró un acuerdo alcanzado en los debates, el cual establece que las disputas sobre baldíos serán resueltas por un juez. "Esto es fundamental. Cuando hay oposiciones o dudas sobre si una tierra es baldío o no, debe ser un juez quien tome la decisión. Esto garantiza los derechos de los ciudadanos y evita que la ANT actúe unilateralmente", explicó.
"Es un tema complicado, pero vamos avanzando"
Valencia reconoció que la discusión sobre los baldíos y la propiedad rural sigue siendo compleja, pero destacó que se lograron avances importantes en el proyecto. "El principio de permanencia agraria, por ejemplo, se resolvió de manera que no se incentive la invasión de tierras. Las personas que ocupen un baldío de manera pacífica y sin oposición podrán respetar los ciclos productivos antes de ser retiradas", indicó.
Finalmente, la senadora reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los colombianos. "Mi tarea es garantizar que esta ley no vulnere los derechos de los ciudadanos ni ponga en riesgo la propiedad rural. Seguiremos trabajando para lograr un equilibrio entre las necesidades del campo y el respeto por el debido proceso", concluyó.
