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Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el Presupuesto General de la Nación del 2022 con un artículo que suspende los efectos de la Ley de Garantías para el próximo año, con el fin de que el Gobierno pueda suscribir convenios interadministrativos con las Alcaldías y Gobernaciones.
Según el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, la aprobación de este artículo incluyó un blindaje jurídico que garantiza un estricto seguimiento de los entes de control para evitar que se presenten hechos de corrupción en época electoral.
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“Es un artículo que amplía las facultades de los entes territoriales para suscribir convenios con el Gobierno nacional en un aspecto que se quiso dejar enriquecido delegando una vigilancia especial por parte de la Contraloría General de la República a todos los convenios que se hayan firmado en la vigencia de esa norma por un año y que no tumba la Ley de Garantías como muchos lo han dicho”, indicó.
Añadió que “lo que se hace es que se permite la firma de los convenios interadministrativos con dos efectos puntuales, un efecto de reactivación económica para las regiones y una manera de aliviar las condiciones con unos alcaldes que todavía no han cumplido dos años de mandato y han tenido año y medio de pandemia”.
El senador Efraín Cepeda, ponente del proyecto de presupuesto, indicó que tal y como quedó estipulado, los recursos estarán protegidos.
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“Tiene todos los blindajes, debe ser publicado en el Secop, tiene pliegos tipo y vigilancia especial de la Contraloría General de la República. Pero además debo decir que esa Ley de Garantías es anacrónica porque se instituyó para la reelección presidencial, pero la reelección ya no existe”, sostuvo.
Adicionalmente, Cepeda indicó la suspensión de los efectos de la Ley de Garantías era necesaria para evitar el desempleo y la recesión.
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“Yo prefiero la plata invertida en la gente y no guardada en los bancos que abusan siempre con los créditos. Yo prefiero la reactivación económica que la recesión, yo prefiero la generación de empleo que el desempleo”, añadió.
Sin embargo, la oposición insistió en que esta medida le permitirá al Gobierno entregar mermelada a los alcaldes y gobernadores para presionarlos a que apoyen a algunos candidatos específicos, razón por la cual se están preparando acciones legales contra la ley de presupuesto y contra los propios congresistas.
