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El pasado 15 de agosto, en sus redes sociales, la creadora de contenido Laura Camila Vargas publicó un video en el que habla de las tarifas de energía en la región Caribe de Colombia.
Vargas escribió el siguiente texto, en X, para presentar la grabación: "Por primera vez un Gobierno puso de acuerdo a las generadores, distribuidoras y comercializadoras de energía. Esto representará una reducción en el precio de la factura de energía para unos 2.700.000 hogares de la Costa Caribe".
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El video, que suma más 217.000 reproducciones en X y 34.200 en Instagram, empieza así: "Es muy probable que a partir del próximo mes unas dos millones setecientas mil familias de la Costa tengan una factura de energías más barata gracias a las acciones que ha impulsado el Gobierno".
El problema es que, en ninguna parte del contenido, Laura Camila Vargas aclara que es contratista de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El pasado 8 de julio, Vargas firmó un contrato de prestación de servicios por 46.809.089 pesos, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
De acuerdo con las cláusulas, se acordó hacer los pagos así: un desembolso de 6.223.179 pesos por julio, cuatro mensuales por 8.117.182 pesos cada uno, y un último pago por 8.117.182 pesos "por la efectiva entrega y aprobación, por parte del supervisor del contrato, del entregable Informe Final de actividades'".
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Las obligaciones de contrato son:
a. Elaborar contenidos informativos, pedagógicos y especializados digitales, que faciliten la comprensión y apropiación sobre la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
b. Apoyar la generación y desarrollo de campañas mediante diversos canales digitales de comunicación, con el fin de ampliar la divulgación y pedagogía dirigida a la opinión pública.
c. Redactar contenidos para redes sociales y otros canales de comunicación digital.
d. Proponer acciones encaminadas a fortalecer la estrategia digital de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
e. Realizar las demás tareas que le sean asignadas por el supervisor del contrato y estén relacionadas con el objeto del contrato.
Consultada al respecto por 'El Colombiano', medio que reveló la existencia del contrato, Laura Camila Vargas respondió: "Yo estoy asesorando a la SuperIntendencia en temas de comunicaciones, campañas digitales, redes sociales, pedagogía, creación de videos (...) tengo más de 8 años de experiencia, he trabajado en medios como Última Hora Colombia, El Tiempo, Keep Up".
"Tengo dos carreras, periodismo y relaciones internacionales; y una maestría en Marketing Digital, (de ahí vienen los honorarios) [sic]", añadió Vargas.
De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Laura Camila Vargas estudió comunicación social con énfasis en periodismo en la Universidad Javeriana y relaciones internacionales y asuntos exteriores en la Universidad Autónoma de Madrid, y tiene un máster en Marketing Digital de la Universitat de Barcelona.
Las críticas hacia Vargas no han sido por el contrato en sí, sino por no aclarar en sus contenidos que tiene un vínculo con la Superservicios. Además, algunos aseguran que la información entregada en el video no es precisa.
El caso de Laura Camila Vargas se suma al de otros influencers cuyos contratos con el gobierno de Gustavo Petro suman 617.193.080 pesos, según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Entre los creadores de contenidos están Celso Tete Crespo, Walter Alfonso Rodríguez Chaparro (Wally) y Jader David Rozo (Don Izquierdo).
