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La Reforma Constitucional es de autoría del Partido de La U y su vigencia estaría supeditada a la refrendación de los acuerdos de paz de La Habana.
Así las cosas en 2018 podrían acudir a las urnas los integrantes de la Fuerza Pública y los guerrilleros que se desmovilicen tras la firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, por supuesto eso implicaría un cambio sustancial en el censo electoral.
Lo cierto es que el texto busca modificar el artículo 219 de la Constitución Política de Colombia en donde está explícita la prohibición y quedaría así: “los miembros de la Fuerza Pública podrán ejercer el derecho al sufragio, pero mientras permanezcan en servicio activo, no podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.
Por esa razón, el senador Roy Barreras aclaró que “aquellos militares o policías que participen en política cometerán una falta gravísima y serán destituidos”. Colombia es uno de los pocos países en donde hay esa prohibición y por eso La U quiere entregarles ese derecho de nuevo a las FF.MM.
Pero esta iniciativa radicada ya generó varias interpretaciones políticas. La primera de ellas es que como “la vigencia está supeditada a la refrendación de los Acuerdos de Paz en La Habana”, de alguna manera el partido del presidente Santos quiere amarrar los votos de los familiares de militares y policías para el plebiscito.
La segunda, que fue descrita por un congresista del Centro Democrático quien pidió no ser mencionado, es que los 450 mil hombres de la Fuerza Pública podrían llegar a apoyar una aspiración presidencial de esa colectividad en 2018 por sentirse identificados con las políticas del expresidente Álvaro Uribe.
Y la tercera es que habría un fortalecimiento de las FF.MM. a tal punto que se podrían presentar casos como los de Venezuela, en donde juegan un papel fundamental hablando electoralmente, y serían usadas por los Gobierno de turno para beneficio propio.
El presidente del Partido de La U, Armando Benedetti, aseguró que sencillamente se quieren devolver los derechos a los militares y policías porque las “condiciones del país son totalmente distintas y se les puede permitir el voto”.
En Latinoamérica los únicos países que mantienen la prohibición son Colombia, Paraguay, Guatemala y Honduras.
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