La FM en Google News
¿Cómo le fue al expresidente Uribe en su diligencia del pasado viernes?
Los Secretos de D'Arcy Quinn supieron que muy bien y que la fiscal estuvo absolutamente garantista; luego de explicarle al expresidente Uribe el marco fáctico de las imputaciones, que dividió en 4 grandes bloques: los hechos de la Granja, el Aro, la conformación del grupo “Metro” y la muerte de Jesús María Valle, dio paso a las primeras preguntas sobre el contexto de la situación de orden público en Antioquia para los años 1994-1998, el rol desplegado como gobernador y su relación con las FF. MM. y de Policía, el relacionamiento con Jesús María Valle, las tareas desarrolladas por Pedro Juan Moreno, entre otros temas.
La fiscal aceptó la posición de la defensa de Uribe de la necesidad de terminar de cumplir con la práctica de las pruebas ya decretadas antes de continuar con la indagatoria sobre los aspectos puntuales y se determinó suspender para retomar la diligencia en octubre, indicando la necesidad de agendar 3 sesiones como mínimo con ese fin.
Seguramente de aquí a octubre ya la Corte habrá definido si el proceso sigue en la Fiscalía o si se va a la Comisión de Acusaciones. El miércoles sabremos quién será el ponente y el camino que seguirá el expresidente Uribe.
La relación judicial de Álvaro Uribe con estos casos
En junio de 2026, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia, las masacres de La Granja y El Aro (Ituango) y el homicidio de Jesús María Valle. Los delitos investigados son concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Los hechos ocurrieron principalmente mientras Uribe era gobernador de Antioquia (1995-1997). Uribe ha negado reiteradamente cualquier vínculo, ha calificado las acusaciones de motivadas políticamente y sostiene que no existen pruebas en su contra.
Hechos de La Granja
La masacre ocurrió el 11 de junio de 1996 en el corregimiento La Granja (Ituango, Antioquia). Paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a varias personas (cifras de fuentes judiciales y de memoria histórica oscilan entre cuatro y cinco víctimas) acusadas de colaborar con la guerrilla. La Fiscalía sostiene que el entonces gobernador Uribe conocía el riesgo para la población civil por la presencia paramilitar en la zona y no adoptó las medidas necesarias de protección. El caso fue declarado crimen de lesa humanidad por la Corte Suprema en 2018.
Masacre de El Aro
Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, un grupo de paramilitares (aproximadamente 150-200 hombres, según versiones) incursionó en el corregimiento El Aro (Ituango). Asesinaron a unas 15 personas (incluyendo un menor), torturaron, violaron, quemaron decenas de viviendas, robaron ganado y provocaron el desplazamiento forzado de cientos de habitantes. Testimonios de exparamilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, han señalado que la operación se realizó a pedido de la Gobernación de Antioquia (a través del secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno) y con conocimiento de autoridades locales y militares, con el objetivo de rescatar secuestrados y castigar a la población señalada de auxiliar a las Farc. Uribe ha negado estas acusaciones. También fue declarado crimen de lesa humanidad.
Conformación del grupo “Metro”
La investigación vincula a Uribe con la presunta creación y promoción de un grupo paramilitar que operaba desde la Hacienda Guacharacas (San Roque, Antioquia), propiedad de su familia en la época, y que posteriormente se conoció como Bloque Metro de las AUC. Según la Fiscalía, existió un nexo entre el entonces gobernador y esa estructura armada ilegal, a la que habría facilitado y promovido. Testimonios de desmovilizados (como Juan Guillermo Monsalve) y otros elementos del expediente han señalado a miembros de la familia Uribe entre los fundadores o facilitadores. Uribe ha rechazado estas versiones y ha sostenido que su familia vendió la hacienda tras ataques de la guerrilla y que no patrocinó grupos ilegales.
Muerte de Jesús María Valle
El abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina de Medellín por un comando paramilitar. Valle había denunciado reiteradamente ante la Gobernación de Antioquia, la Fuerza Pública y otras entidades las incursiones paramilitares en Ituango (incluyendo La Granja y El Aro), señalando omisiones y posibles alianzas. La Fiscalía investiga si, a través de su secretario de Gobierno, Uribe pudo haber determinado a Carlos Castaño para ejecutar el homicidio como represalia por esas denuncias. El caso también fue declarado crimen de lesa humanidad. Uribe ha negado cualquier enemistad o participación y ha recordado que el asesinato ocurrió después de que dejara la Gobernación.
Estos expedientes, que se han unificado en un solo proceso, llevan décadas en la justicia. En 2026 Uribe rindió indagatoria. La investigación sigue abierta y el expresidente mantiene su postura de inocencia.
