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La Comisión Primera del Senado se apresta a continuar la discusión en séptimo debate de la reforma constitucional que pretende instaurar en Colombia la prisión perpetua para violadores de niños.
Sin embargo, la sesión se vio truncada debido a que un ciudadano presentó una recusación en contra de todos los senadores que componen esa corporación, para que se declaren impedidos en esta iniciativa.
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Esto fue calificado como una argucia jurídica por parte del presidente de la comisión Primera, Santiago Valencia, para dilatar la aprobación de este acto legislativo.
“Esto me parece una maniobra de filibusterismo grosero y rampante. Una cosa es que aquí en la Comisión y en el Congreso se voten y que sea el Sí o el No el que defina la suerte de un proyecto de acto legislativo y que sean las mayorías las que definan. Pero aquí hay un interés clarísimo de entorpecer las discusiones”, manifestó Valencia.
La senadora Angélica Lozano, pese a que anunció su voto negativo frente a esta reforma constitucional, advirtió: “No comparto esta ‘jugadita’ que implicaría paralizar por completo el Congreso”.
El senador Miguel Ángel Pinto, ponente de la norma, explicó que la mesa directiva puede rechazar de plano esta recusación, cuando los argumentos de la misma no cumplan con lo establecido por la ley.
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Sin embargo, otros congresistas como Roy Barreras y Gustavo Petro señalan que lo procedente es que dicha recusación sea enviada a la Comisión de Ética del Senado, para que sea esa corporación la que defina y pueda aprobar o negar los argumentos esbozados en ese oficio.
“¿Pueden la mesa directiva de la Comisión o los mismos senadores recusados, votar para negar su propia recusación?”, se preguntó el senador Petro.
En la recusación se argumenta que los senadores no pueden votar el proyecto de prisión perpetua para violadores de niños porque todos tienen intereses políticos particulares en la reforma, lo cual fue calificado como ilógico por parte de los congresistas porque su trabajo es precisamente fijar posiciones políticas.
