Gobierno explicó por qué objetó el proyecto del Centro Democrático que regulaba requisitos para cargos directivos del Estado

El Gobierno objetó dos proyectos que buscaban fijar requisitos para cargos directivos: dice que ya rige el Decreto 770/2005 y advierte trámites extra.
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia Crédito: La FM

El Gobierno Nacional objetó el Proyecto de Ley 056 de 2024 de la Cámara y 345 de 2024 del Senado, que buscaba prohibir la disminución de los requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y en empresas con participación estatal del orden nacional.

La decisión fue anunciada por Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia de la República, quien explicó que el presidente Abelardo de la Espriella objetó la iniciativa por razones tanto de constitucionalidad como de inconveniencia.

Según el Gobierno, el proyecto invade competencias propias del Ejecutivo y modifica el alcance de algunas funciones que actualmente tiene el Consejo de Estado. Además, establece restricciones a la facultad del Gobierno Nacional para organizar los empleos públicos.

El Gobierno considera que ya existen requisitos vigentes

De acuerdo con Andrés Barreto, uno de los principales argumentos de la Presidencia es que el proyecto resulta innecesario porque ya existe una regulación que establece requisitos mínimos para este tipo de cargos.

Barreto señaló además, que el Decreto Ley 770 de 2005 fija los pisos mínimos obligatorios para los empleos del nivel directivo. Por eso, según el Ejecutivo, una nueva legislación sobre este punto podría generar duplicidad normativa y mayores dificultades para la administración pública.

El Gobierno también cuestiona que el proyecto establezca varios trámites antes de realizar determinados nombramientos. Entre ellos estarían estudios internos del Departamento Administrativo de la Función Pública y un concepto del Consejo de Estado.

Alerta por más trámites y burocracia

Para la administración de Abelardo de la Espriella, estas exigencias podrían hacer más lenta la provisión de cargos directivos y afectar la capacidad del Estado para responder con rapidez a nuevas necesidades.

El secretario jurídico de la Presidencia puso como ejemplo sectores que requieren incorporar rápidamente talento especializado, como la inteligencia artificial y la transición energética.

La posición del Gobierno es que la modernización del Estado debe estar acompañada de procesos ágiles, sin sacrificar la transparencia ni el mérito.

Gobierno habla de talento, jóvenes y regiones

Otro de los argumentos planteados por el Ejecutivo es que mantener requisitos excesivos en algunos cargos podría terminar cerrando oportunidades a profesionales jóvenes, mujeres y personas calificadas de regiones apartadas del país.

Barreto aseguró que la intención del Gobierno es avanzar hacia una política de selección de talento que permita identificar y atraer a los mejores profesionales, utilizando también herramientas digitales y tecnológicas.

La propuesta incluye mecanismos de "cazatalentos" para ampliar el acceso al servicio público y encontrar perfiles que puedan aportar a la transformación del Estado.

Invitación del Gobierno al Congreso

El Gobierno Nacional pidió al Congreso revisar el proyecto y trabajar conjuntamente en una alternativa que fortalezca el mérito, la transparencia y el acceso al servicio público, pero que se mantenga dentro del marco constitucional.

La administración de De la Espriella plantea que el proyecto debería ser archivado o, en su defecto, revisado teniendo en cuenta los argumentos presentados en la objeción presidencial.

La discusión queda ahora en manos del Congreso, en medio del llamado del Ejecutivo a construir mecanismos que permitan un Estado más moderno, eficiente y abierto a nuevos talentos.

Cuatro preguntas con las claves de la noticia

¿Qué decidió el presidente Abelardo de la Espriella?

Objetó el proyecto de ley que buscaba impedir la reducción de los requisitos mínimos para acceder a cargos directivos del sector público y empresas estatales, argumentando razones de constitucionalidad e inconveniencia.

¿Por qué el Gobierno considera que el proyecto es innecesario?

Porque, según la Presidencia, el Decreto Ley 770 de 2005 ya establece requisitos mínimos para estos cargos. Por eso considera que una nueva regulación podría generar duplicidades y mayores obstáculos administrativos.

¿Cuál es la principal preocupación frente al proyecto?

El Ejecutivo sostiene que los trámites adicionales previstos, incluidos estudios y conceptos previos, podrían hacer más lenta y burocrática la provisión de cargos directivos, dificultando la respuesta del Estado ante nuevas necesidades.

¿Qué propone el Gobierno en lugar de estas restricciones?

Impulsar una administración más moderna y meritocrática, con mecanismos de selección de talento, herramientas digitales y oportunidades para jóvenes profesionales, mujeres y personas calificadas de todas las regiones del país, en coordinación con el Congreso.


Abelardo de la Espriella

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