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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó al general retirado Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de la Casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe, a declarar en relación con un proceso que lo vincula por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).
La audiencia presencial está programada para el 21 de marzo de 2024 a las 9:00 de la mañana en la sede principal de la JEP en Bogotá.
En desarrollo de esta diligencia se espera que el general retirado Santoyo brinde detalles sobre los delitos que se le imputan, marcando un paso significativo en la búsqueda de esclarecimiento y justicia para los casos de desapariciones forzadas vinculados a su gestión.
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Sin embargo, ante la Corte del Distrito Este de Virginia, Mauricio Santoyo admitió haber recibido financiamiento de líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y haber mantenido intercambios de asistencia y apoyo durante su cargo como alto mando de la Policía. A pesar de que las extintas autodefensas son consideradas por la Justicia de Estados Unidos como un grupo narcoterrorista, Santoyo, al aceptar su responsabilidad y mostrar buen comportamiento, ha obtenido significativas reducciones en su sentencia.
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La Justicia estadounidense podría haberle impuesto más de 20 años de prisión a Santoyo, pero su cooperación se materializó en un acuerdo que le llevó a cumplir siete años efectivos de cárcel. Este caso pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre altos funcionarios y grupos armados ilegales en Colombia, así como los esfuerzos judiciales para abordar dichas conexiones.
Finalmente, en marzo de 2020, la JEP asumió la competencia para conocer el proceso penal adelantado por la Fiscalía contra Santoyo por estos hechos.
Aunque el oficial retirado no ha mostrado interés en comparecer ante la jurisdicción de paz, la competencia prevalente de esta le obliga a hacerlo, ya que, al tratarse de un expolicía, su comparecencia no es voluntaria, sino forzosa. Solo los terceros civiles o agentes del Estado no combatientes pueden decidir si prefieren seguir en la justicia ordinaria o pasar a la JEP.
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