El presidente Iván Duque Márquez le pidió al ELN cesar los secuestros.
AFP
7 Ago 2019 08:00 AM

Iván Duque calificó de "correcta y necesaria" decisión sobre nulidad del contrato Ruta del Sol II

El Jefe de Estado afirmó que las decisiones del gobierno estuvieron apegadas al derecho jurídico.

El presidente de la República, Iván Duque, afirmó que la decisión del Tribunal de Arbitramento de declarar la nulidad del contrato de la Ruta del Sol II fue "correcta y necesaria", al argumentar que las actuaciones que el gobierno adoptó en esa materia fueron apegadas al ordenamiento jurídico.

El Jefe de Estado señaló en entrevista con RCN Radio que la determinación del tribunal genera satisfacción, ya que se protegió al máximo el dinero del bolsillo de los colombianos.

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“Yo personalmente creo que la decisión que adoptó el martes de esta semana el Tribunal de Arbitramento es una clara muestra que estábamos actuando conforme a los ordenamientos jurídicos, y es una decisión correcta y necesaria, la cual nos deja satisfechos”, sostuvo Duque.

Explicó que si se hubiera llegado a una conciliación con los bancos sobre el pago de los intereses de la deuda, obligatoriamente tendría que pasar por una revisión del Tribunal de Arbitramento.

El Tribunal de Arbitramento declaró este martes en Bogotá la nulidad del contrato entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Ruta del Sol II, luego de que se decretara "causa ilícitos".

La Nación deberá pagar una cifra cercana a los 24 mil millones de pesos, un valor muy por debajo de las pretensiones de la Concesión y del Ministerio de Transporte en su fallida negociación.  

La decisión se demoró cuatro años exactos, luego de que el proceso iniciara el 6 de agosto de 2015 y fue tomada en unanimidad por los árbitros Jorge Enrique Ibáñez, Catalina Hoyos y Carlos Mauricio González.

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Duque aseguró que el Tribunal de Arbitramento desestimó los tres peritajes que se tenían estructurados sobre la situación del contrato de la Ruta del Sol II, situación que según el mandatario argumenta la política del gobierno de no darle beneficios a las empresas relacionadas o señaladas de cometer actos de corrupción.

Fuente
Sistema Integrado de Información