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La decisión de la Fiscalía General de la Nación de abrir una investigación penal formal y citar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta vinculación con las masacres de El Aro (1997), La Granja (1996) y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle generó un nuevo pronunciamiento de un grupo de 38 juristas, quienes manifestaron su preocupación por el desarrollo del proceso y solicitaron que se garanticen plenamente los derechos del exmandatario.
En una carta pública, los firmantes hicieron un llamado a las autoridades para que las actuaciones judiciales se desarrollen con "transparencia institucional, independencia, imparcialidad y respeto por los derechos fundamentales", al considerar que existen aspectos del proceso que merecen una reflexión desde una perspectiva constitucional y garantista.
En entrevista con La FM, el abogado penalista Amir Nayi Abusihab, integrante del grupo de juristas, explicó que el objetivo del pronunciamiento no es cuestionar la autonomía de la Fiscalía ni de los jueces, sino insistir en que el proceso debe garantizar plenamente el derecho de defensa del expresidente.
"Este proceso penal, al igual que todos, debe garantizarle al procesado el ejercicio legítimo y pleno de su actividad defensiva", afirmó.
Juristas expresan preocupación por pruebas solicitadas por la defensa
Uno de los principales puntos planteados por los juristas tiene que ver con las solicitudes probatorias formuladas por la defensa de Álvaro Uribe, las cuales, según señalaron, aún no habrían sido resueltas ni practicadas.
Durante la entrevista con La FM, Abusihab explicó que, de acuerdo con la información conocida públicamente, la defensa ha insistido en la necesidad de incorporar nuevos elementos probatorios antes de avanzar en la diligencia de indagatoria.
"La defensa reclama que esas pruebas sean practicadas como un ejercicio mínimo de revisión de la integridad del acervo probatorio. Si el propósito del proceso penal es conocer la verdad, resulta fundamental que todas las pruebas sean practicadas de manera integral", sostuvo.
Según el abogado, permitir que la defensa solicite pruebas no es suficiente si estas no llegan a practicarse efectivamente.
"El derecho a la defensa no se materializa solamente permitiendo solicitar pruebas o decretándolas; es indispensable que esas pruebas realmente se practiquen", señaló.
Los cuatro puntos que preocupan a los 38 juristas
En la carta, el grupo de abogados expone cuatro aspectos que, a su juicio, merecen especial atención durante el desarrollo de la investigación.
El primero está relacionado con el momento en que se produjo la vinculación formal del expresidente Uribe, luego de más de una década de investigaciones, sin que, según indican, se conozcan públicamente nuevos elementos que expliquen el cambio frente a decisiones anteriores.
El segundo hace referencia a la reapertura de líneas investigativas durante una administración de la Fiscalía que ha mantenido controversias públicas con el exmandatario, situación que, consideran, exige mayores garantías de imparcialidad.
Como tercer punto, mencionan las solicitudes probatorias de la defensa que, según la información difundida hasta ahora, no habrían sido resueltas, lo que, de ser cierto, podría afectar el principio de igualdad de armas dentro del proceso.
Finalmente, advierten que decisiones de alto impacto institucional coinciden con un contexto de fuerte polarización política, por lo que consideran indispensable que las actuaciones judiciales no solo sean imparciales, sino que también transmitan confianza y objetividad ante la ciudadanía.
"La prueba debe ser integral"
Durante la entrevista, Amir Nayi Abusihab insistió en que la finalidad del proceso penal es establecer la verdad de los hechos, razón por la cual la práctica de todas las pruebas resulta esencial antes de adoptar decisiones relevantes dentro de la investigación.
"La Fiscalía tiene el deber de conocer no solamente lo que eventualmente favorezca su tesis del caso, sino también aquello que pueda favorecer la defensa. La prueba debe ser integral", afirmó.
El abogado explicó que una investigación penal exige valorar tanto los elementos presentados por la Fiscalía como aquellos aportados por la persona investigada.
"Si la defensa está reclamando la práctica de pruebas, es fundamental que la administración de justicia las considere antes de avanzar en actuaciones tan importantes como una indagatoria", agregó.
¿Puede la Fiscalía solicitar una medida de aseguramiento?
Durante la conversación con La FM, Abusihab también fue consultado sobre la posibilidad de que, tras la diligencia de indagatoria, la Fiscalía solicite una medida de aseguramiento contra el expresidente.
El abogado explicó que, bajo la Ley 600 de 2000, la indagatoria cumple una doble función: permite el ejercicio del derecho de defensa y, eventualmente, abre la posibilidad de que el ente investigador solicite una medida restrictiva de la libertad.
Sin embargo, aclaró que esa posibilidad no implica que necesariamente deba ocurrir.
"La Fiscalía tendría que demostrar no solo indicios graves de responsabilidad, sino también los fines constitucionales que justifican una medida de aseguramiento. Esa es una carga probatoria muy importante", explicó.
A juicio del penalista, cualquier decisión de esa naturaleza deberá estar plenamente sustentada en pruebas y posteriormente sometida al control de las autoridades judiciales competentes.
¿Por qué citaron a indagatoria a Álvaro Uribe?
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta vinculación con las masacres de El Aro, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Como parte del proceso, el exmandatario fue citado a diligencia de indagatoria para el próximo 24 de julio de 2026. Frente a esa decisión, el grupo de 38 juristas insistió en que el proceso debe desarrollarse con pleno respeto por las garantías constitucionales, la independencia judicial y el derecho a la defensa, principios que, señalaron, deben regir cualquier actuación penal sin importar quién sea el investigado.
