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Álvaro Uribe Vélez tendrá que responderle a la Fiscalía General de la Nación el 24 de julio. Ese viernes, el expresidente acudirá a una indagatoria, un mecanismo del proceso penal antiguo de Colombia, por varios crímenes de lesa humanidad.
El ente acusador citó al exmandatario a finales de junio, casi treinta años después de la masacre paramilitar perpetrada en El Aro, un corregimiento de Ituango, en Antioquia. Uribe es el “posible determinador” de la matanza, de acuerdo con la Fiscalía.
Uribe no solo lo niega, sino que aduce que la Fiscalía vulnera sus garantías, comete un “abuso” y despliega un proceso de “carácter político”. “Sin la práctica de las pruebas no tendré manera de defenderme”, escribió en su cuenta de X.
La Procuraduría le había pedido a la Fiscalía aplazar la indagatoria para que las partes practicaran varias pruebas que el mismo ente investigador decretó, como una declaración jurada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Pero Gloria Marcela Abadía Cubillos, la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, rechazó la petición. Uribe afirma que la negativa es porque “tiene elementos suficientes para inferir que yo puedo ser autor o partícipe de los delitos”.
Abadía también ordenó escuchar bajo juramento al exsenador cordobés Miguel de la Espriella, condenado por sus vínculos con los paramilitares, porque Mancuso lo mencionó como un “interlocutor” de Uribe con las Autodefensas.
La investigación contra Uribe y las pruebas que la Fiscalía busca
“En el régimen que termina Cepeda se puede burlar impunemente de la ley, ya anuncia subversión al presidente electo. En mi caso desconocen derechos fundamentales para condenarme”, publicó el exmandatario en su cuenta de X este jueves, 2 de julio.
Uribe insiste en que el proceso judicial en realidad es político, y protesta aduciendo que no puede defenderse. La Fiscalía, por su parte, sigue adelante con el proceso penal, que tendrá en cuenta a la indagatoria del 24 de julio como una de sus pruebas.
La fiscal Abadía, aseguró Uribe el 18 de junio, “no ha recibido una sola declaración mía”. “De una vez me lleva al proceso para condenarme”, señaló, aunque una indagatoria es el paso que concreta la transición de una indagación previa a una investigación formal, sin que signifique una determinación de fondo.
En octubre de 2025, una juez del circuito de Medellín compulsó copias para que la Fiscalía investigue al expresidente Uribe, a su hermano Santiago —condenado en dos instancias por su papel en el grupo paramilitar los Doce Apóstoles— y al general retirado Carlos Alberto Ospina, excomandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
Claudia Castro, la jueza, condenó al exsubdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez por haber ordenado en 1999 el secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba. La compulsa le pidió al ente acusador establecer si los hermanos Uribe Vélez determinaron los homicidios de los abogados defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña.
La solicitud aterrizó en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que acumuló varias carpetas que por décadas navegaron entre despachos, en parte por el fuero que Uribe adquirió al ser congresista. La decisión que reprocha Uribe es la de abrir una investigación formal el 17 de junio por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambos agravados.
Los testimonios sobre El Aro y los asesinatos de defensores de derechos humanos
Francisco Enrique Villalba Hernández, un exparamilitar con el alias de 'Cristian Barreto', declaró bajo juramento en 2008 que el entonces gobernador de Antioquia se reunió con comandantes paramilitares e integrantes de la fuerza pública. En el encuentro, dice, se ordenaron los asesinatos de Umaña y Valle.
“Ahí estaban, de las autodefensas, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, 'Mono Leche', Junior y mi persona, con veintidós hombres que yo tenía al mando”, narró Villalba, asesinado tiempo después de su testimonio.
La reunión habría ocurrido en 1997 en la finca La Marranera, en Yumbo, Valle del Cauca. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, nombrado por el gobierno de Gustavo Petro gestor de paz, confesó lo mismo en una versión libre preso en Estados Unidos en 2009. Álvaro Uribe fue gobernador entre 1995 y 1997.
El expresidente emitió un comunicado de prensa en su momento tachando de “prevaricato” a la compulsa de copias. El exmandatario, que luego de aceptar la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta apoya al aspirante Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, insistió en que durante la reunión de la que hablan los exparamilitares él estaba en la Universidad de Oxford.
Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Dos sicarios le dispararon en su oficina en Medellín cuando investigaba las alianzas entre el Estado y el paramilitarismo en las masacres de El Aro, perpetrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 por unos 150 paramilitares, y La Granja, ejecutada en junio de 1996 contra cinco personas, la mayoría líderes sociales.
“No me mueven odios contra el gobernador Álvaro Uribe Vélez o el comandante de la brigada”, dijo Valle en una entrevista. El 18 de abril de 1998, el abogado Eduardo Umaña Mendoza también fue acribillado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó ambos homicidios como de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier momento.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Fiscalía citó a Álvaro Uribe a una indagatoria?
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el expresidente por su presunta responsabilidad como determinador de la masacre de El Aro y de otros crímenes de lesa humanidad. La indagatoria del 24 de julio corresponde a una etapa del antiguo procedimiento penal y busca escuchar su versión antes de que avance el proceso.
¿Qué pruebas busca recaudar la Fiscalía en la investigación contra Uribe?
Además de la indagatoria del expresidente, la Fiscalía ordenó practicar nuevas pruebas, entre ellas una declaración jurada de Salvatore Mancuso y el testimonio del exsenador Miguel de la Espriella, a quien el exjefe paramilitar señaló como supuesto interlocutor entre Álvaro Uribe y las Autodefensas.
¿Por qué Álvaro Uribe asegura que el proceso vulnera sus derechos?
El exmandatario sostiene que la Fiscalía abrió la investigación formal sin practicar previamente todas las pruebas decretadas y califica la actuación como un proceso de carácter político. También afirma que la negativa a aplazar la indagatoria le impide ejercer plenamente su derecho a la defensa.
¿Qué hechos investiga la Fiscalía en el expediente?
La investigación reúne varias actuaciones relacionadas con la masacre de El Aro y con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. La Fiscalía busca establecer si existen elementos para atribuirle a Álvaro Uribe responsabilidades penales en hechos que la justicia internacional ha considerado crímenes de lesa humanidad.
