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Una de las exigencias que hicieron los partidos minoritarios al Gobierno Nacional como condición para respaldar la reforma política que se tramita en el Congreso es incluir un artículo para que se respete el derecho a elegir y ser elegido.
Según el exalcalde Gustavo Petro, esto se traduce en la necesidad de acabar con la facultad que tiene la Procuraduría y la Contraloría de destituir y sancionar a los funcionarios que son elegidos popularmente por la ciudadanía.
“Ningún funcionario de tipo gubernamental como lo es el contralor, como lo es el procurador puede quitarle derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia, eso solo es una facultad de un juez penal”, señaló.
“Llevamos dos décadas de incumplimiento de la convención interamericana en Colombia cuando se firmó ese tratado internacional y cuando es parte de nuestra Constitución política”, añadió.
Dijo que “es una violación flagrante de derechos humanos a centenares de colombianos simplemente porque no estamos comulgando con el partido o con las políticas del gobierno de turno”.
Según Gustavo Petro, lo que se pretende es que la reforma electoral establezca que un mandatario local sólo podrá ser destituido de su cargo por un juez penal y no por una autoridad administrativa.
