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El presidente Gustavo Petro reactivó sus cuestionamientos sobre la transparencia del sistema electoral colombiano a doce días de la jornada del 8 de marzo, al señalar vulnerabilidades en el software de conteo de votos y exigir la publicación completa del código fuente. El debate generó respuestas divididas entre analistas y expertos que participaron en el programa Aquí y Ahora de La FM.
¿Tiene razón el presidente Petro al cuestionar las garantías electorales en Colombia?
El investigador de la Fundación Pares, Alejandro Chala, señaló que el proceso electoral ha tenido cuestionamientos históricos que anteceden al gobierno actual. Recordó irregularidades documentadas en los formularios C-14, como espacios en blanco llenados con números que no correspondían a las listas instauradas en las mesas electorales, así como tachones que han afectado la confiabilidad de los resultados en periodos anteriores. También aludió al caso de las curules del partido Mira, que el Consejo de Estado terminó restableciendo tras detectar anomalías.
Chala ubicó los cuestionamientos del mandatario dentro de un proceso de radicalización política en el país: "Hay un estrés muy fuerte sobre el sistema electoral, tanto porque las instituciones y los organismos de control se politizaron y no brindan esas garantías". El investigador también destacó que existen dos mesas de garantías electorales activas, una liderada por el gobierno y otra por la Procuraduría, a la que se han sumado la mayoría de los partidos políticos.
El analista político y exdiplomático Camilo Rubiano señaló que el presidente ha participado de forma abierta en la campaña electoral en favor de su candidato Iván Cepeda, lo cual calificó como una intervención indebida. Para Rubiano, la estrategia del mandatario tiene una lectura política concreta: "El presidente pone el manto de duda porque sabe que va a perder y desde ya empieza a anticipar un resultado". Rubiano también mencionó denuncias recibidas desde consulados sobre dificultades para que ciudadanos colombianos en el exterior pudieran inscribir o trasladar sus puestos de votación. "Le debemos exigir respeto por la democracia, respeto por las instituciones y respeto por los colombianos", afirmó.
Rubiano señaló además que la Contraloría General denunció la suscripción de más de 150.000 contratos por un valor superior a 20 billones de pesos antes del vencimiento de la ley de garantías, lo que calificó como politiquería con recursos públicos. También recordó el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe y las declaraciones de objetivo militar contra candidatos al Congreso de la oposición, como argumentos concretos sobre la ausencia de garantías de seguridad.
¿Cómo afecta la violencia armada el desarrollo de las elecciones del 8 de marzo?
La politóloga Lorena Castañeda señaló que las dificultades estructurales del proceso electoral no son nuevas. Citó como ejemplo el problema recurrente con las credenciales de los testigos electorales, que históricamente no están listas a tiempo, lo que impide una vigilancia adecuada de los formularios C-14 y de la transmisión de resultados. "Yo les puedo apostar lo que ustedes quieran, que para el 8 de marzo va a ocurrir lo mismo", advirtió.
Chala informó que la Defensoría del Pueblo lanzó alertas tempranas sobre municipios donde podría no instalarse ninguna mesa de votación por la presencia de grupos armados ilegales. Precisó que, según el seguimiento de la Fundación Pares, el 75 por ciento de los perpetradores de hechos de violencia político-electoral registrados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 son desconocidos, sin que se pueda atribuir responsabilidad a grupos armados específicos ni a otros actores.
El investigador reconoció que en las mesas de negociación activas del alto comisionado para la paz se han registrado avances parciales para evitar la incidencia de grupos armados en el escenario electoral, aunque aclaró que el 42 por ciento de los compromisos adquiridos por el estado no se han cumplido, según la propia Defensoría. Castañeda añadió que la violencia electoral no es exclusiva de este periodo y que históricamente ha afectado a candidatos y ciudadanos de todos los colores políticos en distintas regiones del país.
