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El secretario de Transparencia de la República, Andrés Idárraga Franco, solicitó a la superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia de Sociedades investigar la participación de las compañías KKR y Álamo Spainco S.L., en la posible compra de activos de Tigo -Une.
De acuerdo con el funcionario, de haberse llevado a cabo esta operación financiera y corporativa, se habría comprometido el patrimonio público de Tigo-UNE, debido a las dudas que deja esta operación por el posible incumplimiento normativo (Ley 222 de 1995) y eventual inobservancia del principio de transparencia en la actuación de las sociedades implicadas.
El secretario sostuvo que “es preciso que las autoridades evalúen la situación administrativa, contable, económica y jurídica de TigoUNE, antes y después de la venta de sus activos estratégicos (del patrimonio pasivo)”.
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Idárraga, a través de su cuenta de X, formuló tres preguntas sobre la posible venta:
1. ¿Administradores de TIGO-UNE vendieron una parte del patrimonio pasivo de la empresa a Towernex Colombia S.A.S., de buena fe, con lealtad en el mejor interés para la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de todos sus asociados?
2. ¿Si la venta de parte del patrimonio de TIGO- UNE resulta en perjuicios a la sociedad, los administradores podrían ser responsables de manera solidaria e ilimitada. Lo que he solicitado investigar es que se evalúe si hubo culpa, dolo, extralimitación de funciones o violación de la ley o estatutos. En este sentido, las transacciones estuvieron acordes a las condiciones de mercado o fueron perjudiciales para los accionistas de TIGO UNE?
3. ¿Se llevó a cabo una gestión leal y diligente, protegiendo los intereses de los accionistas o estas operaciones comprometieron los derechos de los accionistas, afectado negativamente la competencia en el mercado de telecomunicaciones?
De comprobarse en la venta de acciones de TIGO UNE, por parte de las superintendencias (Sociedades e Industria y comercio), alguna de las irregularidades se podrían adoptar medidas correctivas, incluyendo por ejemplo, la imposición de sanciones a las entidades y personas responsables y la reversión de transacciones perjudiciales (o ilegales).
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La investigación fue solicitada luego de conocerse la compra de 1.132 antenas por 76 millones de dólares de telecomunicaciones de Tigo - Une por parte de Towernex Colombia S.A.S.
Cabe recordar que, el proceso de venta de las acciones de EPM en Tigo-UNE, superó el primer debate en el Concejo de Medellín con un resultado de seis votos contra uno.
