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Los ministros de Interior, Alfonso Prada y de Justicia, Néstor Osuna, radicaron en el Congreso de la República el proyecto de ley que permitirá el sometimiento colectivo de las organizaciones criminales que delinquen en el país.
El ministro Osuna dijo que esta iniciativa tiene como propósito fundamental contribuir a la política de 'paz total', que está implementando el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“La iniciativa contiene una oferta generosa de parte del Estado para estas estructuras, ya que si se entregan y dejan de cometer sus delitos, entregan sus bienes, entregan información sobre su patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado colombiano les otorgará un tratamiento penal mas benigno”, señaló.
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Dijo además que el proyecto “está pensando para estructuras criminales que no tienen estatus político; es un proyecto de sujeción al la justicia ordinaria”.
Por su parte, el ministro Alfonso Prada señaló que no habrá negociación de paz con este tipo de estructuras crimínales, sino un proceso en el que los miembros de las mismas podrán recibir beneficios a cambio de que se entreguen a las autoridades.
“No hay un proceso de paz. Se trata de una sujeción que tiene un procedimiento que contiene una negociación inicial y continúa la segunda fase como un procedimiento de carácter penal al mando de la Fiscalía, que terminará con las decisiones de los jueces penales. Vamos completando lo que podríamos decir son los instrumentos para desarmar todas las fuentes de violencia que generan sangre en el territorio”, indicó.
El presidente del Congreso, Roy Barreras, aclaró también que esta iniciativa no le otorga estatus político a las bandas criminales, sino que se trata de una oportunidad que tendrán los integrantes de estos grupos de recibir algunos beneficios a cambio de someterse al Estado.
Barreras pidió al Gobierno que el proyecto tenga mensaje de urgencia. “Ojalá que este proyecto tenga mensaje de urgencia para que la incertidumbre sea menor y la gente sepa a qué ley acogerse”, dijo.
Manifestó que durante la discusión de la propuesta legislativa defenderá el concepto de 'elegibilidad jurídica' y agregó que “yo esperaría que quienes reciban estos beneficios no cometan nuevos delitos, porque si lo hacen deberán quedar excluidos de cualquier beneficio”.
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Por su parte, el senador Iván Cepeda aseguró que la ley de sometimiento no generará impunidad en el país, porque el texto de la misma plantea sanciones efectivas de cárcel para los miembros de estas organizaciones.
La iniciativa plantea prisión de entre seis y ocho años para quienes se acojan a los beneficios, ademas de que podrían quedarse con al menos el 6% de los bienes ilegales como contraprestación por haberse entregado.
También se crearía un fondo especial que recaudaría los recursos para la reparación de las víctimas.
