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A través de un borrador de resolución, el Gobierno nacional propuso modificar los requisitos para ocupar el cargo de embajador en Colombia, eliminando la exigencia de dominar un segundo idioma, como el inglés, que actualmente contempla el decreto 274 del año 2000.
El documento, publicado por la Cancillería, abrió espacio para comentarios ciudadanos hasta el 9 de agosto.
En el artículo 5 del decreto vigente se estableció que los embajadores deben tener conocimientos básicos o esenciales en una lengua adicional al español, como el inglés o cualquier otro idioma oficial de las Naciones Unidas, o dominar el idioma del país donde vayan a representar a Colombia. La nueva propuesta busca eliminar esa exigencia del Manual de Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según la memoria justificativa que acompaña el proyecto, el Ministerio plantea que ese conocimiento ya no resulta esencial para el ejercicio del cargo.
La Cancillería explicó que la figura del embajador actúa como agente directo del presidente en la conducción de las relaciones exteriores, por lo que los requisitos técnicos pueden ser flexibles según las prioridades del Ejecutivo.
De acuerdo con el texto oficial, la eliminación del requisito también busca reducir desigualdades sociales, económicas o culturales, y garantizar mayor representación a personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.
Además, el Gobierno aseguró que la modificación responde a una instrucción directa del presidente Gustavo Petro, quien durante un consejo de ministros solicitó suprimir los requisitos adicionales para las designaciones diplomáticas.
“Le pedí a la canciller, no por Benedetti, porque ya no necesita eso, sino por el presidente, que le quite todos los requisitos para ser embajador en Colombia, porque están usurpando la norma que dice que el presidente es el jefe de las relaciones exteriores”, afirmó el mandatario.
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El Ejecutivo agregó que la medida facilitará los nombramientos, agilizará procesos administrativos y fortalecerá la seguridad jurídica, al reducir posibles controversias legales relacionadas con los criterios de selección.
Sin embargo, fuentes cercanas a la Cancillería advirtieron que esta resolución podría contradecir normas legales vigentes. Señalaron que un acto administrativo no puede modificar un decreto con fuerza de ley, como es el caso del decreto 274, lo que podría abrir un nuevo frente jurídico para el Gobierno.
