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La Corte Constitucional avaló la ley de orden público conocida como la ley de 'Paz Total’, pero estableció algunos límites relacionados con la puesta en marcha de procesos de diálogo con los grupos armados ilegales.
El tribunal explicó que el Gobierno está facultado para realizar conversaciones con cualquier organización alzada en armas, pero advierte que debe ser el Congreso el que a través de una ley regule la posibilidad de que se pueda volver a adelantar un nuevo proceso de paz con los desertores del acuerdo firmado con las Farc, como lo son las disidencias.
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El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, confirmó que el Gobierno está a la espera de conocer el fallo completo para tomar decisiones sobre estos temas, pero no descarta que en un futuro se pueda presentar un proyecto de ley, dependiendo de la voluntad que tengan estos grupos armados.
“El fallo dice que estamos habilitados constitucionalmente para negociar con estos señores independiente de lo que haya ocurrido, porque vale la pena hacer la valoración de lo que realmente ocurrió. Es una valoración política y jurisdiccional que demorará algún tiempo, pero que se terminará haciendo", indicó.
Agregó que "nos pone unos límites que entendemos y respetamos y debemos buscar esos elementos legales con quien está legitimado para dar esos instrumentos legales, que es el Congreso de la República”.
Velasco aseguró que la administración del presidente Gustavo Petro no ha renunciado al uso legítimo de las armas para combatir a las organizaciones criminales, pero advierte que cualquier decisión en ese particular depende del mandatario y de su equipo de paz.
“Cuando hablamos de 'paz total' es porque de verdad estamos metidos en eso. Nosotros queremos arreglar todos los conflictos armados de este país por los distintos caminos que se nos permita, sin olvidar nuestra obligación constitucional de que en la medida en que no encontremos salidas en los caminos dialogados, tengamos la posibilidad de la fuerza y el uso legítimo de las armas que siempre lo tendremos presente para defender a los ciudadanos”, dijo.
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“Ahí se abre una posibilidad interesante y la decisión de si nos metemos a explorar ese camino legal está mediada por dos temas: primero, encontrar voluntad política de estos grupos de hacer la negociación y una línea política que entrega el presidente de la República y su equipo de paz”, añadió.
Por ahora el Gobierno ha desistido de la posibilidad de presentar una ley de sometimiento, pero una iniciativa de esa naturaleza solamente podría presentarse el próximo año, cuando comience un nuevo periodo de sesiones.
