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En entrevista con La FM de RCN Radio, Camilo Gómez, comisionado de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana, explicó los alcances de la resolución de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), emitida el pasado 17 de noviembre, en la que aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso.
De acuerdo con Gómez, la resolución es anticonstitucional toda vez que la JEP no tiene competencia para juzgar a Mancuso, pues esa tarea la corresponde a Justicia y Paz, sistema del que Mancuso se benefició.
“La decisión va en contravía de la ley de la JEP, de los propios acuerdos de las Farc y es que, según ellos, Mancuso asumió funciones públicas en plena participación con la fuerza pública, empresarios y funcionarios del estado. Entonces por eso se incorpora a la Fuerza pública, es una interpretación grosera contra quienes actuaron con la ley […] eso poco o nada ayuda a la reconciliación nacional” indicó.
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Pero eso no es lo más preocupante. La JEP, en su resolución, aceptó a Mancuso "como incorporado de la fuerza pública"
“Si mancuso que es un delincuente quedó en la fuerza pública, ¿quiere decir que la fuerza pública también es narcotraficante y asesina? Perdón, pero que error tan grande de la JEP”, afirmó.
Aunque, en efecto, el exparamilitar actuó con algunos miembros de la fuerza pública, eso no quiere decir que toda una institución, advirtió Gómez, esté involucrada en las actividades de Mancuso.
“No sé cuál es la intención de la JEP y lo que hay detrás de todo eso, pero no parecer ser nada bueno”, dijo.
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Y si el excomandante paramilitar aportó nueva información al respecto en la JEP, añadió Gómez, debería ser expulsado de Justicia y Paz, pues allá tenía la obligación de contar toda la verdad.
“La JEP es una entidad pública que está sujeta a unas normas y que debe cumplir. Esto es un tema que debe escalar a las instancias intencionales pertinentes”, finalizó.
