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Desde que Gustavo Petro era candidato a la presidencia, sus opositores le cuestionaron constantemente sobre su posible deseo de expropiar tierras, recordándole su cercanía con el Gobierno de Venezuela donde se realizaron estos actos.
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Desde ese momento, e incluso desde que se posesionó como presidente, Petro se ha defendido y negado su intención de expropiar. En ese sentido, siempre ha dicho que incluso desde que estuvo en la Alcaldía de Bogotá nunca hubo expropiación.
“Yo fui alcalde y cuándo expropié a alguien en la Alcaldía. A mí me gustaría, que si alguna persona en Bogotá fue expropiada que lo digan porque en mi mandato no fue así”, sostuvo.
Además, Petro ha asegurado que él nunca ha utilizado el término expropiación, al tiempo que señaló que lo que ha contemplado es la compra y venta, una figura que es legal.
A pesar de estas aseveraciones, esta semana el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, hizo una advertencia en la que dice que en los planes del Gobierno Petro sí está la expropiación.
En su más reciente columna de opinión Lafaurie planteó sus reparos contra el proyecto de decreto reglamentario que modifica las normas relacionadas con la extinción de dominio.
"¿Quién está detrás de la extinción de dominio? ¿Quién está detrás de esto?", se preguntó, al tiempo que manifestó que la Ley del Plan de Desarrollo, promulgada el pasado mes de mayo, terminó con un “añadido” de última hora, los numerales 5 y 6 del artículo 61, sobre “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”.
En ese sentido, Lafaurie manifestó que el título es engañoso, “pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para ‘obligar’ al propietario a la ‘oferta voluntaria’”.
El alto ejecutivo agregó que esto es gravísimo porque lo que plantea el artículo es un verdadero “dilema extorsivo”: o me vende la tierra que quiero comprar…, o se la quito; no en vano fue bautizado como “expropiación exprés”, un término que le queda corto, pues la expropiación conlleva indemnización, en tanto que la extinción de dominio es un castigo equiparable al impuesto a un criminal.
“Semejante mecanismo representó un mensaje contrario a lo que el presidente, pocos meses atrás, calificaba de histórico: el Acuerdo entre Fedegán y el Gobierno para la compra directa y voluntaria de tierras para Reforma Agraria, bautizado como ‘Acuerdo para la materialización de la paz territorial’”, indicó.
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El dirigente gremial recordó que en ese entonces, manifestó que “Los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo (…) a pesar de la inclusión del artículo 61, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir la confianza…”, añadiendo, en modo de reclamo, que “construir confianza está detrás de los resultados, y los resultados están detrás de la paz”.
“Si el Gobierno ha decidido comprar la tierra; si tiene 5 billones para ello en esta vigencia, y si hay tierras disponibles, como manifestó el director de la ANT en reciente entrevista, entonces, ¿para qué minar la confianza y enrarecer el ambiente, cuando hay un proceso de oferta voluntaria que ha funcionado, a pesar de la lentitud en la compra, de apenas 33.000 hectáreas? Repito, ¿quién está detrás de esto?”, reiteró Lafaurie.
