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La decisión del Gobierno de Abelardo De La Espriella de reestructurar los contenidos informativos y la parrilla de programación de RTVC o Inravisión, ha generado fuertes críticas de parte de la oposición en el Congreso de la República.
Desde ya se está preparando un debate de control político por parte de la oposición para pedirle cuentas a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, por estas decisiones que pueden afectar no solo a cientos de trabajadores que laboran con contratos de prestación de servicios, sino la información que por allí se publicaba.
El representante Alejandro Toro liderará este debate en el que cuestionará a la ministra por la afectación de alrededor de 20 emisoras dedicadas a la difusión de la paz en todo el territorio colombiano.
"20 emisoras de paz habrían sido silenciadas en los territorios de conflicto por este Gobierno. Citaremos a debate de control político a la ministra de las TIC y a la gerente de Inravisión”, indicó.
Para el legislador, “se podría estar configurando un detrimento patrimonial de personas que no están cumpliendo con su objeto laboral”.
Aseguró además que este tipo de decisiones no se pueden tomar con base en los “vaivenes ideológicos” que tiene el gobierno de turno, sino que se trata de un acuerdo de paz firmado por el Estado colombiano.
“Más de 467.000 se les está vulnerando el derecho a la información, cuando es justamente de ahí donde sale el compromiso del Estado colombiano”, dijo.
Tutela contra MinTIC e Inravisión
De igual forma, el senador Iván Cepeda anunció que presentará una acción de tutela para que se restablezca la programación de las 20 emisoras de paz en todo el territorio nacional.
“Anuncio que interpondré acción de tutela en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e INRAVISIÓN, por la vulneración de los derechos fundamentales a la información, a la libertad de expresión y a la paz, trasgredidos con ocasión de la decisión de suspender la programación de las 20 emisoras de paz”, dijo Cepeda.
Dijo que esta determinación “desconoce que estas emisoras fueron creadas con fundamento en lo dispuesto en el punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz y el deber que le asiste a las autoridades estatales de cumplir de buena fe lo pactado”.
