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El ministro del Interior, Guillermo Rivera, expidió un comunicado en el que señala que no es cierto que se esté promoviendo una iniciativa que permita la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de comunicación, como lo señaló Ramírez.
Rivera dijo que en el acuerdo quedó establecida la construcción de una ley de garantías y promoción de la participación ciudadana para las organizaciones y movimientos sociales, pero ésta aún se encuentra en etapa de discusión.
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“Es preciso señalar que en ninguno de los borradores discutidos por el Gobierno Nacional se ha incluido artículo alguno que permita “la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de comunicaciones” que pudiera llegar a instaurar una eventual censura como regla general, tal y como lo describe la doctora Marta Lucia Ramírez en comunicación dirigida a los directores de medios”, señaló el ministro.
“Según la Doctora Ramírez, la “ley establece la prohibición para cualquier servidor público de realizar señalamientos o brindar informaciones respecto de los miembros de los grupos sociales y las Farc, así como la prohibición para los medios de comunicación de reproducir esa información”, lo cual no se encuentra, y jamás ha estado, en el borrador del proyecto que aún está en construcción por parte del Gobierno Nacional”, añade el Gobierno.
El ministro del Interior desmintió la existencia de los artículos 52, 53, 81, 82 y 88, como lo señaló Ramírez, teniendo en cuenta que los borradores de proyecto hasta ahora discutidos no sobrepasan los 50 artículos.
COMUNICADO
Con ocasión del Acuerdo Final del Teatro Colón se acordó en el punto de participación política, el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales. Para el efecto debía convocarse un espacio de carácter nacional que fue desarrollado en el primer trimestre del presente año con la participación de más de 1.500 líderes de distintos sectores.
A partir de los insumos surgidos del mencionado espacio, el Gobierno Nacional deberá elaborar un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha radicado el proyecto en mención en el Congreso de la República. Razón por la cual no podría hablarse de una “versión oficial” que pueda estarse discutiendo.
La audiencia pública a la que se ha hecho mención por parte de la Doctora Ramírez, fue de iniciativa exclusiva parlamentaria a la cual no asistí pero funcionarios del Gobierno Nacional sí lo hicieron, como es su obligación, para exponer los avances hasta el momento pero no sobre la base de articulado alguno. Cualquier propuesta que de allí haya surgido, no obliga al Gobierno para que la incluya en el proyecto que se radique en el Congreso y en todo caso, tampoco ha sido considerado.
Particularmente, es preciso señalar que en ninguno de los borradores discutidos por el Gobierno Nacional se ha incluido artículo alguno que permita “la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de comunicaciones” que pudiera llegar a instaurar una eventual censura como regla general, tal y como lo describe la doctora Marta Lucia Ramírez en comunicación dirigida a los directores de medios.
Por su parte, según la Doctora Ramírez, la “ley establece la prohibición para cualquier servidor público de realizar señalamientos o brindar informaciones respecto de los miembros de los grupos sociales y las Farc, así como la prohibición para los medios de comunicación de reproducir esa información”, lo cual no se encuentra, y jamás ha estado, en el borrador del proyecto que aún está en construcción por parte del Gobierno Nacional.
Así mismo, es importante subrayar que en el último borrador discutido al interior del Gobierno, el articulado del proyecto no sobrepasa los 50 artículos por lo que no resulta cierta la existencia de artículos tales como 52, 53, 81, 82 y 88 a los que se hace referencia.
Finalmente, es importante destacar la importancia de consultar las fuentes oficiales que permitan hacer críticas con base en hechos ciertos a la implementación normativa del Acuerdo de Paz. Invito a la doctora Ramírez y a todos quienes quieran participar en la construcción de la paz estable y duradera a hacerlo de una manera constructiva y basados en la verdad.
