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El pasado 7 de diciembre los ministros del interior, justicia y defensa firmaron el decreto 2114 de 2023 que deroga el decreto 1844 del 2018 que estipulaba el procedimiento que debía emplear la fuerza pública para combatir el microtráfico en el país.
Esta medida, que fue incluida en la actualización al código de Policía realizada en 2018 durante la administración del expresidente Iván Duque, prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas y facultaba a la Policía a sancionar estas conductas.
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“Derogar el Decreto por medio del cual se adiciona el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015, para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas", se lee en el documento.
El decreto de tras páginas justifica que la decisión se tomó amparados en el Plan de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, que estableció la nueva Policía Nacional de Drogas, "centrada en el cuidado de la vida, la transformación territorial y protección ambiental y salud pública".
Además, explican que se fundamenta “en la armonización de la prevalencia de las obligaciones del Estado, en el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas y de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, consagrados en el bloque de constitucionalidad y desarrollados jurisprudencialmente”.
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La determinación tomada por el Gobierno ya empezó a generar reacciones políticas. El senador Jota Pe Hernández dijo que “pareciera que el único fin de este Gobierno es beneficiar a los bandidos, con la derogación de este decreto se benefician los que se lucran del microtráfico, se perjudica el accionar de la Policía y a los padres que no quieren ver a sus hijos perdidos en las drogas”.
