Acuerdo de paz 10 años después: ¿Qué se hizo y qué falta?

Han pasado diez años de la firma entre Colombia y las Farc. La FM consultó con analistas sobre qué se ha logrado avanzar a favor de la paz.
El proceso de paz fue la base del segundo gobierno de Juan Manuel Santos.
El proceso de paz fue la base del segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Crédito: Colprensa

Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño (más conocido por su alias de 'Timochenko') vistieron de blanco y firmaron los documentos que significaron el fin de la guerra entre Colombia y las Farc. Era 24 de noviembre de 2016 y el mundo volcó su mirada a un país que ha sido más noticia por el narcotráfico y la guerra que por procesos de paz llevados a buen puerto.

Acuerdo de paz entre Colombia y las Farc 10 años después: lo que se ha hecho y lo que falta por hacer

Han pasado 10 años de aquel momento, se han cumplido dos gobiernos completos, culminó el mandato del propio Santos y parte del proceso de paz finalizará en medio de la presidencia de Abelardo De la Espriella. Para saber cómo ha avanzado la ejecución de la paz en Colombia, La FM consultó con Laura Bonilla, de Pares; y con Salomón Majbub, de Indepaz. Ambos han seguido de cerca este proceso, el cual tiene luces y sombras.

Lo bueno del proceso

Para Majbub, el hecho de "haber sacado del escenario de la guerra un actor que militarmente era un desafío real para para el estado colombiano" es algo positivo; así como el apoyo social que apoyó que significó el acuerdo entre ambas partes, "sobre todo de los territorios donde la guerra se ha vivido con intensidad".

También destaca el proceso de sustitución de cultivos realizados durante todo este tiempo (de acuerdo con la FIP, "cerca de 80.000 familias en 61 municipios" continúan con algunos de los programas de sustitución voluntaria).

Añade que algo "muy positivo" del acuerdo fue haberlo centrado en las víctimas: "(...) En los temas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, así como construir de la mano de los responsables".

Por su parte, Laura Bonilla destaca la creación de la Comisión de la Verdad, la cual permite "indagar también sobre todo lo que había pasado y todo lo que había significado en nuestro conflicto".

Además, se refiere a la desmovilización; en línea con lo que menciona Majbub, el hecho de que, según cifras oficiales, 13.609 personas se desmovilizaran y "se reintegran al proceso y aportar a la paz" es algo positivo del proceso. Añade que la planificación, en pro de las víctimas del conflicto armado, es algo a resaltar, máxime cuando el desarrollo se ha desarrollado principalmente en las capitales, "(...) Hasta ahí fue maravilloso", dice Bonilla.

¿Qué falta por hacer?

"(...) La implementación ha sido un desastre", asegura Bonilla; que asegura que el hecho de haber sometido a un plebiscito el proceso de paz fue un error del gobierno Santos: "(...) Hubiera sido mucho mejor pasarlo de una vez por el Congreso y ahorrarnos esa división y polarización alrededor de la paz que nos generó el plebiscito".

Recuerda que la oposición incluyó noticias falsas para ganar votos a favor del "No". Pero más allá de la historia, Bonilla dice que el diseño de la sustitución de cultivos "fue malo" y que la implementación de los PDET quedó debiéndole a las víctimas del conflicto armado.

Seguridad para los líderes sociales y los firmantes de paz

Ambas fuentes consultadas califican como negativo la cantidad de colombianos que han sido asesinadas luego del proceso de paz; los unos por ser líderes sociales y los otros en calidad de firmantes de paz. "Eso contribuyó a la idea en muchas regiones de que no vale la pena firmar la paz" y fue un detonante para el "rearme, el reciclaje de violencias y las economías ilícitas", algo que el Gobierno "no contempló".

"El acuerdo de paz no es perfecto": Salomón Majbub

El funcionario de Indepaz afirma que "el acuerdo no es perfecto", pero recuerda que el acuerdo fue solo con las Farc, y que Colombia tiene más actores armados, cita a la Cruz Roja Internacional, la cual indica que "hay más de cinco conflictos armados".

Y estos grupos armados han tomado acciones contra los firmantes de paz y los líderes sociales. Desde la firma de la paz, y según la JEP, han sido asesinados 533 firmantes asesinados en total (también reporta 1.584 víctimas de desplazamiento forzado, 31 de desaparición forzada y 34 de secuestro). En cuanto a líderes sociales asesinados, entre enero de 2016 y 31 de mayo de 2026, la Defensoría del Pueblo registró 1.732 casos. Majbub lo califica como una "tragedia" y afirma que es una de las "falencias en la implementación del acuerdo de paz".

Estos asesinatos son consecuencia de la no presencia del Estado en los territorios que las Farc dejaron tras la firma y, coincide con Bonilla, esto es un detonante para que algunos firmantes hayan retornado las armas. No obstante, rescata que más del 90% de los mismos "mantienen su compromiso de lo que firmaron". En efecto, este dato lo corrobora la Misión de Verificación de la ONU (más de 11.000 firmantes del acuerdo de paz de 2016 continúan en el proceso de reincorporación).

El narcotráfico

Además, Bonilla asegura que otro error del gobierno de Santos fue pensar que el narcotráfico se acabaría con la disolución de las Farc, y esto no fue así, porque "las Farc no eran dueñas del negocio". Este negocio "tiene múltiples dueños en múltiples lados", lo que creó "nuevas formas armadas en los territorios". Además la hoja de ruta se "abandonó en los dos gobiernos siguientes, tanto en Duque como en el de Petro".

La JEP: su futuro y sus resultados

Uno de los temas que más se ha disputado entre las partes (sobretodo las políticas), es el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para Majbub "si bien no ha estado libre de de cuestionamientos y sin duda también posibles críticas que le puedan caber, no hay que desconocer que el sistema de justicia transicional ha logrado generar ciertas reconciliaciones y ciertos reconocimientos de verdad entre víctimas y victimarias".

Bonilla, hace una comparación entre la JEP y Justicia y Paz, la cual "literalmente no trajo nada", salvo las extradiciones que, en cualquier caso, se realizaron por narcotráfico.

Además, añade que la JEP "sí gastó tiempo y recursos en cosas que no eran tan relevantes y tan importantes, pensando que podríamos tener una ventaja de un poco más de tiempo", por lo que debe dar y "comunicar resultados para que la gente no tenga la sensación de que no hubo ninguna justicia alrededor".

Cabe recordar que la JEP tiene funciones hasta "por un término inicial de 15 años, que podrá ser extendido por 5 años más", según el Acto Legislativo 01 de 2017; pese a esto, ya afrontó un intento de cierre previo, por medio de una propuesta de ley que el Congreso no aprobó.

Salomón Majbub, señala que es necesario que la JEP "concentre sus esfuerzos en seguir los grandes patrones de violaciones y de lesa humanidad por parte de los exguerrilleros de las Farc, así como por parte de otros actores involucrados en el conflicto armado".

Pero señala que la JEP tiene una misión enorme, para en doce años tener que juzgar crímenes de más de 50 años de guerra: "(...) Es complejo también para ellos resumirlo todo en tan poco tiempo". En este punto también coincide Bonilla, aunque se pregunta "¿Qué va a pasar con los expedientes?, ¿Qué va a pasar con con los macrocasos?".

Ambos apuestan por el avance en macrocasos como el reclutamiento infantil, los falsos positivos y los secuestros, aunque Bonilla admite que será "complicado" con el recorte presupuestal que el actual gobierno realizó sobre la JEP.

La FM se contactó con la JEP, pero no recibió respuesta para este artículo.


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