La Jurisdicción Especial para la Paz volvió a poner la lupa sobre la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz y lanzó un mensaje a las instituciones del Estado, proteger a quienes dejaron las armas no significa solamente asignarles escoltas y vehículos blindados. Se necesitan garantías para que puedan vivir, trabajar y permanecer en los territorios sin miedo a ser asesinados, amenazados o desplazados.
Durante una audiencia pública nacional, la JEP revisó el cumplimiento de las medidas cautelares de protección y la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, conocido como SISEP. En la diligencia participaron representantes de los firmantes, organizaciones, entidades del Gobierno, organismos de control y 59 alcaldías y gobernaciones.
Según la JEP, esta audiencia se realizó después de las solicitudes y acciones urgentes presentadas por los firmantes, especialmente desde 17 Nuevas Áreas de Reincorporación que se encuentran en riesgo alto, ubicadas en Antioquia, Cauca, Huila, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
Una violencia que no se limita a los asesinatos
La preocupación está respaldada por las cifras. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP reportó que, desde la firma del Acuerdo de Paz, se han registrado 533 firmantes asesinados. De ellos, 18 fueron asesinados durante 2026.
Pero los homicidios no son la única afectación porque la misma entidad, documentó 1.584 víctimas de desplazamiento forzado, 31 de desaparición forzada y 34 de secuestro.
De acuerdo con la UIA, en conjunto, el 17 % de las personas que dejaron las armas ha sido asesinada o ha sufrido otra afectación grave.
En este mismo sentido, la Defensoría del Pueblo también llamó la atención sobre la situación y advirtió que el 67 por ciento de los homicidios contra firmantes ocurrió en municipios donde existían alertas tempranas vigentes.
Es decir, había advertencias sobre los riesgos de seguridad en esos territorios, pero las agresiones continuaron.
La Fiscalía General de la Nación, por su parte, presentó un balance distinto: reportó una reducción de los homicidios durante 2026 frente al año anterior y aseguró que existen avances en las investigaciones, capturas y sentencias contra los responsables.
La seguridad también depende de las condiciones para vivir en los territorios
Uno de los principales mensajes de la audiencia fue que la protección debe tener un enfoque de seguridad humana. Este punto, según la JEP, significa que no basta con entregar esquemas de seguridad cuando existe una amenaza. También se necesitan condiciones dignas de vivienda, continuidad de los proyectos productivos, oportunidades para las familias, presencia institucional y garantías para avanzar en el proceso de reincorporación.
La Defensoría del Pueblo advirtió que los avances en los territorios son desiguales y que muchos compromisos institucionales todavía no se traducen en medidas concretas de prevención y protección.
La defensora Iris Marín pidió frenar la estigmatización contra los firmantes y advirtió que estos señalamientos agravan los riesgos, especialmente en departamentos como Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá y Nariño.
Sumado a lo ya mencionado, la JEP alertó sobre el posible impacto de las restricciones presupuestales en la vivienda, los proyectos productivos y el acompañamiento territorial de la reincorporación.
Al tiempo, la misma Unidad de Investigación y Acusación de la JEP también puso sobre la mesa otro dato preocupante: identificó 233 cuentas en redes sociales que difundieron mensajes hostiles e incitaciones a la violencia contra firmantes de paz. Esas cuentas reúnen, en conjunto, más de un millón de seguidores.
La advertencia es que la violencia también se expresa cuando se impide que estas personas permanezcan en sus comunidades, trabajen, eduquen a sus hijos y desarrollen sus proyectos de vida.
Gobierno anuncia nuevas medidas de protección
En la audiencia participaron representantes de los ministerios del Interior y de Defensa y de la Consejería Comisionada de Paz, que expresaron su compromiso de continuar atendiendo las órdenes judiciales.
El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, aseguró que la seguridad de los firmantes y el cumplimiento de las decisiones judiciales son una prioridad. Anunció que la Unidad Nacional de Protección realizará nuevos estudios de riesgo, siguiendo los estándares establecidos por la Corte Constitucional.
Por su parte, el ministro de Defensa, el mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, informó que actualmente 1.513 uniformados acompañan a 1.548 firmantes en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
El funcionario señaló que garantizar la protección de esta población en esos espacios es una responsabilidad de su cartera.
A su turno, la consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, aseguró que el Gobierno respetará los derechos de las víctimas y de los firmantes, así como las decisiones judiciales.
También anunció que se presentarán propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo y que se buscará garantizar, a través del Presupuesto General de la Nación, los recursos necesarios para la seguridad de los firmantes y sus familias, teniendo en cuenta las restricciones de austeridad fiscal.
La Consejería planteó cuatro ejes de trabajo para el último tercio de la implementación: liderazgo institucional, monitoreo continuo, medición de impacto, transparencia y rigor técnico.
La JEP anuncia medidas frente a incumplimientos
Al finalizar la audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad valoró los compromisos presentados por las entidades, pero dejó claro que continuará haciendo seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares y ejerciendo sus competencias para proteger los derechos fundamentales.
La magistratura recordó que el Acuerdo Final de Paz es una política de Estado y que los firmantes son sujetos de especial protección constitucional. Por eso, las garantías de seguridad deben mantenerse independientemente de los cambios de Gobierno.
Y hubo una decisión adicional: la JEP anunció que abrirá un incidente de medidas correccionales contra la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, por no haber asistido a la audiencia.
El mensaje final de la jurisdicción es que ninguna persona debería ser asesinada, amenazada, desplazada o estigmatizada por haber confiado en la paz.
Una advertencia que llega en medio de las cifras de homicidios, desplazamientos y desapariciones, y cuando todavía existen territorios donde los firmantes denuncian que no cuentan con garantías suficientes para continuar con su proceso de reincorporación.