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Fernando Carrillo lanzó ultimátum a contratistas del Estado para que no participen en política

El Procurador General lanzó una fuerte advertencia a los contratistas del Estado para que bajo ninguna circunstancia participen en política, o de los contrarío se expondrán a ser investigados.

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Actualizado:
Martes, Octubre 24, 2017 - 05:14
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En la imagen, el procurador general Fernando Carillo/ Colprensa- Kendry Serrano

Esta declaración del Procurador General fue realizada a propósito de la investigación preliminar que inició el Ministerio Público contra el gobernador de Tolima, la alcaldesa de Lérida, el saliente director del Sena Regional Santander y el seccional de esa entidad en Floridablanca, por presunta presión a contratistas para participar en política, en apoyo a la aspiración presidencial por firmas del candidato Germán Vargas Lleras.

“El mensajes a todos aquellos contratistas que están en administración pública, con algún contrato y creen que son particulares y que no cumplen funciones públicas, es claro no pueden intervenir en política”, dijo Carrillo.

En el caso de Tolima la indagación vincula, además del gobernador Óscar Barreto Quiroga, a la alcaldesa de Lérida, Carolina Hurtado, mientras que en Santander relaciona al exdirector Regional, David Suárez Gutiérrez, y al actual seccional de Floridablanca, Oscar Peña Amaya.

La Procuraduría busca determinar la intervención de los funcionarios para que contratistas recolecten firmas de apoyo al nombre de Vargas Lleras y así garantizar una vinculación económica en 2018.

Entre las pruebas decretadas se pidió a la Gobernación, a la Alcaldía de Lérida y al Sena, una relación de los contratistas que actualmente prestan sus servicios en las diferentes dependencias de la entidad, así como de los contratos suscritos este año.

De igual forma, se pidió a la iniciativa ciudadana de inscripción de firmas de Germán Vargas Lleras en Tolima y Santander, que envíen copia de los formularios donde aparecen ciudadanos solicitando su inscripción a la Presidencia de la República 2018 – 2022.

Finalmente, la Procuraduría determinó escuchar en versión libre a los funcionarios en indagación si así lo solicitan.