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Pese a que durante la jornada de paro nacional que se adelantó en el país se registraron hechos de vandalismo y daños a la propiedad privada y pública, el Congreso de la República no ha avanzado en el trámite de un proyecto de ley que regula la protesta social en Colombia.
La iniciativa establece una serie de protocolos que deben cumplir los manifestantes y miembros de la Policía Nacional, con el fin de garantizar que las movilizaciones puedan adelantarse de manera pacífica y sin abusos de autoridad.
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El senador Juan Diego Gómez, autor de esta propuesta, advirtió que la misma está engavetada en la Comisión Primera del Senado desde el pasado 20 de julio, fecha en que fue radicada.
“Es urgente reglamentar la protesta pacífica, es urgente que el Congreso de la República se pronuncie al respecto, que la Comisión Primera del Senado le dé trámite al proyecto de leyque se encuentra radicado allí”, manifestó.
“La protesta es un derecho legítimo, es un derecho válido, pero el Congreso debe reglamentar cuanto antes esas reglas de juego y establecer las condiciones para que se pueda desarrollar de manera pacífica”, añadió.
Por su parte, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Miguel Ángel Pinto, es consciente que la iniciativa no ha tenido discusión, al tiempo que rechazó los actos de vandalismo que se registraron durante las movilizaciones.
“La protesta social es un derecho legítimo de los colombianos, pero hay que hacerla de manera pacífica. Hay que rechazar todos los actos delictivos, hurtos, saqueos, quemas, agresiones, daño al patrimonio público y privado de todos los colombianos, así no se hace la protesta”, indicó.
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El representante César Lorduy, sostuvo que es inaceptable que algunas personas se infiltren en las marchas para generar hechos de violencia en las manifestaciones que son legítimas.
“Obvio que defendemos el derecho a la protesta, defendemos la posibilidad de que los ciudadanos se trasladen a la calle y manifiesten sus anhelos, sus esperanzas y sueños y que rechacen todo lo que quieran, pero de ahí a que esos actos terminen en situaciones vandálicas y criminales, que atenten contra la propiedad privada, merece todo el rechazo. Protestamos contra los actos vandálicos, no lo podemos permitir, ni tolerar”, señaló Lorduy.
Este proyecto de ley busca restringir el uso de capuchas durante las manifestaciones, diseñar una reglamentación para el porte de armas no letales por parte de las autoridades, prohíbe el uso de elementos contundentes para las marchas, las cuales no podrían adelantarse en lugares cercanos a hospitales, medios de comunicación u otras entidades esenciales.
