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Una disputa pública entre la ministra de Transporte entrante, Elsa Noguera, y su antecesora, María Fernanda Rojas, estalló en redes sociales por la aprobación de contratos de vías terciarias por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) en los últimos días del Gobierno Petro. Los proyectos en cuestión superan los $3,2 billones y comprometen vigencias futuras hasta 2035.
A través de su cuenta de Twitter, Noguera cuestionó públicamente la decisión de adjudicar esos recursos a pocos días de concluir el mandato del presidente Petro. Además, anunció que someterá cada uno de esos procesos a revisión bajo criterios técnicos, jurídicos y financieros.
Noguera anuncia revisión de los contratos con "absoluto rigor técnico, jurídico y financiero"
La ministra entrante señaló que la adjudicación de esos proyectos, con compromisos presupuestales que se extienden una década hacia el futuro, genera interrogantes sobre su oportunidad y conveniencia. En ese sentido, precisó que la revisión será aplicada a la totalidad de los procesos aprobados en ese período.
"Anuncio que cada uno de esos procesos será revisado con absoluto rigor técnico, jurídico y financiero, como corresponde", declaró Noguera en su publicación.
El intercambio entre las dos funcionarias se produjo en un contexto en el que el proceso de empalme entre los equipos de gobierno entrante y saliente no se llevó a cabo de forma convencional, debido a las tensiones políticas entre ambas administraciones.
Rojas defiende los contratos y los vincula a una sentencia que ordena inversiones en La Guajira
La ministra saliente María Fernanda Rojas respondió a las señalamientos de Noguera indicando que los proyectos cuestionados atravesaron un proceso de planificación iniciado desde finales de 2025. Añadió que la licitación pública se adelantó con todas las garantías del caso y con la participación de firmas con capacidad técnica, jurídica y financiera.
Rojas también recordó que el uso de vigencias futuras en contratos de concesión es un mecanismo de uso habitual, y señaló que el Gobierno Petro respetó en su momento los compromisos adquiridos por la administración de Duque en materia de vías regionales.
La funcionaria saliente precisó que el conjunto de proyectos aprobados responde al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, providencia que desde hace nueve años ordena al Estado realizar inversiones en el departamento de La Guajira.
"En este caso, se realizó una licitación pública con todas las garantías (participaron firmas con toda la capacidad técnica, jurídica y financiera)", sostuvo Rojas en su réplica pública.
