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La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral, MOE, presentaron el primer informe de seguimiento al ‘Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia’, propuesto el pasado 10 de junio.
Dicho compromiso, que cuenta con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal y el apoyo de la ONU para los Derechos Humanos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, tiene el propósito de fortalecer la democracia, prevenir la violencia política y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en el marco de la contienda electoral de 2026.
Este primer reporte comprende un periodo de análisis desde el 15 de julio hasta el 15 de diciembre del 2025.
Aspectos a destacar del informe de la Defensoría del Pueblo
De las 27 precandidaturas presidenciales analizadas que se sumaron al Compromiso, se registró un nivel de avance del 81,7 %.
Asimismo, se les realizó seguimiento a las precandidaturas que no han suscrito; en este caso, no se evaluó el cumplimiento, sino el grado de alineación con los puntos contemplados en el Compromiso, con el propósito de identificar su aporte al ambiente democrático.
Para este grupo, el nivel de alineación fue del 56,4 %.
Los resultados confirman que la adopción de compromisos éticos y democráticos contribuye a mejorar la calidad del debate público.
Durante la presentación del informe, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que “en este compromiso no nos centramos en la violencia física armada directamente, sino en la calidad del debate electoral. Hicimos seguimiento al discurso de los candidatos y las candidatas, bajo una premisa histórica de nuestro país y es que el debate violento ha sido en el pasado un contexto propicio para pasar a la violencia física".
¿Cómo se hizo el seguimiento y cuáles son los bloques analizados?
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó los resultados de este primer seguimiento y explicó su proceso.
"Este compromiso fue suscrito por 26 candidaturas, 18 de ellas se encuentran activas en la actualidad. Hicimos seguimiento a través de una metodología que fue construida conjuntamente con la Misión de Observación Electoral y agrupamos esos nueve compromisos en bloques", explicó la defensora.
Estos son los detalles de cada uno de los bloques y los resultados del seguimiento:
Proteger la vida y promover la no violencia en la política: nivel de avance del 82,1 %
El análisis evidencia una tendencia positiva hacia el ejercicio político orientado a la defensa de la vida y la promoción de la no violencia. Se identifican buenas prácticas asociadas a la adopción de principios, protocolos y estrategias pedagógicas para la prevención de la violencia política.
No obstante, persiste como reto central fortalecer acciones efectivas que protejan especialmente a mujeres, personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica y grupos étnicos, consolidando una cultura política basada en la dignidad humana y el respeto por los derechos fundamentales.
Institucionalidad democrática: nivel de avance del 92,6 %
Este bloque muestra el mayor nivel de avance del Compromiso en relación con el respeto a la Constitución, la ley y las autoridades electorales, así como con el reconocimiento del diálogo y el acatamiento de las decisiones institucionales como bases de la democracia.
El principal desafío consiste en preservar la confianza pública y garantizar que la dinámica electoral no debilite los valores y reglas que sostienen la legitimidad del sistema democrático.
Debate plural y democrático: nivel de avance del 45,2 %
Es el eje central del Compromiso al destacar la necesidad de promover un lenguaje público respetuoso y sustentado en información verificable. Este bloque es el que presenta el menor nivel de avance.
Si bien se identifican logros en la adopción de prácticas comunicativas responsables, persisten diferentes riesgos asociados a la polarización, la estigmatización y la circulación de información no verificada.
Los resultados muestran que aún no se termina de consolidar el debate plural y democrático como práctica transversal entre las precandidaturas y sus entornos políticos, lo que constituye un desafío prioritario para el desarrollo del proceso electoral y la participación ciudadana.
Buen futuro para la política: nivel de avance del 77%
El buen futuro se reconoce como un derecho humano emergente que exige decisiones orientadas a garantizar la dignidad, la justicia social y la sostenibilidad para las generaciones actuales y futuras, así como para la inclusión de juventudes históricamente excluidas, entre ellas: juventudes indígenas, afrodescendientes, personas OSIGNH y campesinas, con discapacidad o migrantes.
De acuerdo con el seguimiento, persisten brechas en el respaldo efectivo a la protesta pacífica y en la inclusión real de juventudes históricamente excluidas.
El reto central es pasar de los reconocimientos simbólicos a compromisos concretos que garanticen participación efectiva, incidencia real en la toma de decisiones y respeto pleno a las expresiones democráticas.
¿Cuáles son las principales recomendaciones luego de este primer informe?
Frente a estos hallazgos y resultados, la defensora entregó una serie de recomendaciones.
"Unas están dirigidas a las campañas de adoptar protocolos de defensa de la vida y no violencia que implican, desde tomar decisiones y dar directrices de no difundir mensajes violentos. También, protocolos de protección al interior de las campañas, incluyendo el tema de prevención de la violencia de género", dijo Marín.
Además, la defensora señaló que "tenemos recomendaciones relacionadas con establecer protocolos de uso de la inteligencia artificial, y protocolos de verificación de la información en las campañas y en las candidaturas antes de difundir información".
Entre tanto, a las instituciones del Estado, les recomienda implementar medidas integrales y sostenidas de seguridad, fortalecer la confianza en la institucionalidad electoral y reforzar las capacidades de diálogo, mediación y gestión pacífica del conflicto.
