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Los Secretos de Darcy en La FM conoció que ha habido un revés para la elección del contralor. El presidente del Senado ha ordenado rehacer la lista de los elegibles, Roy Barreras ha dicho que esto cambia y colocó un tuit diciendo: “Respondiendo fallos judiciales corregimos reciente procedimiento de selección de Contralor. Revocamos actuación de Comisión Accidental anterior y conformaremos una nueva Comisión Accidental q responda plenamente a los criterios de transparencia, mérito y género. ¡Garantías para todos!”.
Como les he venido contando todo esto está pasando para que pueda ser incluido en nombre de Julio César Cárdenas, que es el nombre más cercano al Pacto Histórico que ve los otros nombres opcionados como fichas del actual contralor Felipe Córdoba, a pesar de que Cárdenas fue vice contralor de Córdoba.
En honor a la verdad, Julio César Cárdenas no fue incluida en la lista de 10 finalistas por la comisión accidental anterior a pesar de tener uno de los mejores puntajes en las pruebas por criterios desconocidos, pero también en honor a la verdad, lo que van a hacer en el congreso volviendo a poner otra comisión accidental que rehaga la lista de finalistas es prevaricar como lo ha advertido la misma Procuraduría.
La ley 1904 de 2018 establece en el segundo párrafo del artículo 9 que “en caso de presentarse alguna de las causales de falta absoluta de los integrantes de la lista de elegibles, el Congreso elegirá de los restantes al Contralor General de la República” Por lo tanto, es claro que, si alguno de los candidatos declina su aspiración, la elección debe realizarse con los que quedan, ahora, para el caso en concreto, la aspirante Karol González presentó su renuncia a la lista de elegibles, bajo la premisa normativa ya mencionada, es inminente que la lista debe continuar con los nueve participantes que restan, incluir a algún otro participante o modificar la lista es una violación a la norma establecida y a la constitución, lo cual configuraría prevaricato por acción, pues, el artículo 413 del Código Penal establece que “el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de (48) a (144) meses y a multas".
