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Jaime Raúl Salamanca lleva cuatro meses como presidente de la Cámara de Representantes, un período en el cual su gestión ha recibido tanto defensas como críticas, en especial por su forma de dirigir las sesiones plenarias.
Sin embargo, los cuestionamientos actuales no se relacionan directamente con su labor parlamentaria, sino con la contratación de su hermano Juan Carlos Salamanca Torres, en el Senado de la República.
La FM de RCN Radio conoció que el hermano del presidente de la Cámara de Representantes recibió un contrato de prestación de servicios en el área de Contabilidad de esta corporación, por $17.333.333 durante 42 días. El contrato comenzó el 7 de noviembre y tiene un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.
“El pago del presente contrato se efectuará de la siguiente forma: en mensualidades vencidas correspondientes a diez millones de pesos ($10.000.000). El primer pago será proporcional al servicio efectivamente prestado, tomando como base el valor de los honorarios mensuales pactados a la fecha de inicio de ejecución del contrato”, se detalla en el proceso publicado en la plataforma SECOP II.
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Juan Carlos Salamanca Torres, contador público con experiencia de tres años en entidades públicas y privadas como el Icetex, también tiene un contrato con el Instituto Departamental de Deportes de Boyacá.
Su principal función en este contrato es hacer “seguimiento administrativo y financiero del programa departamental para el desarrollo del ciclismo”. Este contrato tiene un valor de $35.661.600 y se extiende desde el 17 de abril hasta el 30 de diciembre de 2024, según el SECOP.
El presidente de la Cámara, oriundo de Boyacá, mantiene una relación cercana con el gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, su jefe político y quien lo apoyó firmemente en su disputa contra Katherine Miranda por el liderazgo de la Cámara.
Para Santiago García, miembro de la veeduría ciudadana del Congreso, los contratos de Juan Carlos Salamanca Torres podrían haber sido adjudicados gracias a la influencia de su hermano, lo cual constituiría un delito según el artículo 411 del Código Penal.
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“El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años", estipula la ley.
