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En las últimas horas, el Consejo Gremial Nacional ha rechazado categóricamente las afirmaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda en un informe que sugiere que las utilidades de las empresas, en los años 2021 y 2022, contribuyeron a la inflación postpandemia.
La entidad que representa a los principales gremios del país ha calificado las conclusiones del informe como "imprecisas, sesgadas e incluso algunas de ellas no reflejan el contenido de los documentos de base". Destacaron que el estudio, inicialmente desarrollado para Estados Unidos durante la pandemia y posteriormente aplicado a otros mercados desarrollados de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), no se ajusta a la realidad local.
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El pasado martes, Fenalco, el gremio de los comerciantes, expresó su desacuerdo con las conclusiones de la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, sumándose al rechazo general del sector empresarial.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, fue contundente al manifestar en La FM de RCN Radio: "Rechazamos de plano las afirmaciones de MinHacienda sobre que utilidades fueron el factor que más aportó a la inflación. Qué gran equivocación de los técnicos de MinHacienda". Asimismo, destacó que las aseveraciones del Ministerio no tienen correspondencia con la realidad económica del país.
El Consejo Gremial Nacional subrayó que atribuir la responsabilidad de la inflación a las empresas es un error, ya que existen múltiples factores internos y externos que influyen en la economía. Además, rechazaron la premisa de que se trata de un mercado oligopólico, argumentando que las empresas no tienen el poder para fijar precios, sino que estos responden a factores como la oferta y la demanda, en contraposición a lo planteado por el estudio del Ministerio de Hacienda.
En relación al impacto de las utilidades en productos derivados de la minería y el petróleo, el Consejo Gremial señaló que el estudio omite considerar que estos precios están determinados por su valor en los mercados internacionales, convirtiéndose a pesos mediante la tasa de cambio, y no por criterios locales.
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Asimismo, la entidad gremial destacó que el estudio no tiene en cuenta el desequilibrio entre la demanda y la oferta en el servicio público de electricidad. Argumentaron que el incremento del 4,5% en la demanda en 2023, significando un 50% más al crecimiento anual promedio, no ha sido acompañado por un crecimiento equivalente en la oferta, debido a la ejecución limitada de proyectos previstos desde hace cuatro años.
