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Luego de que se conociera el fallecimiento de Antonella Sánchez, una niña colombo-venezolana que murió ahogada mientras intentaba cruzar con su familia por el Río Bravo, en la frontera de México con Estados Unidos, la Defensoría del Pueblo solicitó que se trabaje en compromisos reales para evitar más situaciones similares a como consecuencia de la migración.
Cabe mencionar que, la abuela de la niña fallecida y su pareja están desaparecidos luego de que la corriente del Río Bravo se los llevara. Además, una menor de 12 años, tía de Antonella y quien logró salir por sus propios medios de la zona, estaría en un albergue en Estados Unidos.
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El defensor del pueblo, Carlos Camargo, desde la Presidencia de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), hizo un llamando a las naciones para que haya un trabajo conjunto y se logre ejecutar soluciones a la crisis humanitaria derivada de la migración irregular.
“Desde la Defensoría del Pueblo acompañamos a la familia y hemos solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que brinde toda la información legal a los familiares para que sea tramitada la repatriación del cuerpo de la niña fallecida. También solicitamos que sea intensificada la búsqueda de los familiares desaparecidos y brindado el acompañamiento a la niña de 12 años, que sobrevivió a la tragedia”, aseguró Carlos Camargo.
La entidad ha sido critica que los riesgos y violaciones de derechos en las rutas migratorias a los que están expuestos en estos escenarios, entre ellos, ser víctimas de violencia, trata de personas, discriminación algunos cometidos por estructuras del crimen organizado.
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Las zonas con mayor peligro de migración irregular son los del paso por el Tapón del Darién, selva fronteriza entre Colombia y Panamá, en esta hay largas travesías, inclemencia del trópico, hambruna, incluso tener que atravesar ríos caudalosos sin las mínimas medidas de seguridad.
“En diversos escenarios hemos insistido en una migración segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana. Seguiremos insistiendo desde la Presidencia de la FIO para que las naciones del continente, en un trabajo conjunto, encuentren salidas a esta crisis humanitaria derivada de la migración irregular. Garantizar los derechos de la población migrante que busca nuevas oportunidades fuera de sus países de origen es el deber que nos asiste”, aseguró el Defensor del Pueblo.
Según cifras, en el primer semestre del año migraron más de 40.000 menores, mientras que en el mismo periodo del 2022 cruzaron esa frontera 7.369, un incremento desbordado del 445%.
Del mismo modo, el Servicio Nacional de Fronteras reveló que entre enero y octubre de este año cruzaron de Colombia al vecino país de Panamá, teniendo como ruta la espesa selva del Darién, cerca de 459 mil personas de todas las edades y de distintas nacionalidades.
