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A través de un pronunciamiento oficial emitido este jueves, la Defensoría del Pueblo rechazó las intimidaciones, los mensajes de odio y las menazas que se dirigen contra el registrador nacional, Hernán Penagos, así como hacia las instalaciones y el personal de la entidad.
De acuerdo con el organismo defensorial, las agresiones provienen principalmente de cuentas anónimas en plataformas digitales y se dan en un contexto de constantes acusaciones de fraude formuladas por fuera de los canales institucionales.
El presidente Gustavo Petro ha participado de los cuestionamientos, insistiendo sin pruebas en que hubo un fraude en los comicios presidenciales y en que Abelardo de la Espriella, quien tomará posesión el 7 de agosto, no es el presidente legítimo. Ningún organismo de control ni observador electoral ha estado de su lado.
“Estos hechos se presentan en medio de la difusión reiterada de mensajes que buscan desacreditar al registrador nacional y a la organización electoral mediante acusaciones de fraude formuladas al margen de las instancias previstas para tramitar denuncias e inconformidades”, señaló el Ministerio Público, que enfatizó que los señalamientos “ponen en riesgo a quienes ejercen funciones electorales”.
La institución recordó que la vía pacífica es el único camino válido para tramitar diferencias electorales. “Rechazamos estos actos de amenaza y hostigamiento contra quienes integran la organización electoral, y expresamos nuestra solidaridad con quienes cumplen funciones esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos”, agregó el comunicado.
Un llamado a la Fiscalía, la UNP y las plataformas digitales
Para mitigar el riesgo sobre los funcionarios y contener el deterioro del debate público, la Defensoría dirigió peticiones puntuales a distintas autoridades.
A la Fiscalía General de la Nación le solicitó investigar las publicaciones que constituyan delito, preservar la evidencia digital e identificar a los responsables detrás de las cuentas anónimas.
A la Unidad Nacional de Protección (UNP), por su parte, le pidió evaluar o reevaluar de manera urgente el nivel de riesgo del registrador Hernán Penagos y de los trabajadores de la entidad para ajustar sus esquemas de seguridad.
Y a las plataformas digitales les instó a aplicar protocolos de moderación y retiro diligente de contenidos que inciten a la violencia.
“Las observaciones y los cuestionamientos sobre los procesos y resultados electorales son legítimos en una democracia, pero deben tramitarse de manera pacífica y mediante los mecanismos institucionales previstos para ello”, enfatizó el ente de derechos humanos.
El pronunciamiento concluye haciendo un llamado general a líderes políticos y sociales con alta visibilidad para que asuman la responsabilidad de desescalar los discursos de odio. La Defensoría reiteró que mantendrá las labores de seguimiento a esa situación para velar por la protección de las garantías democráticas en el país.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento sobre el registrador Hernán Penagos?
Porque advirtió un aumento de amenazas, mensajes de odio e intimidaciones contra el registrador nacional, Hernán Penagos, así como contra funcionarios e instalaciones de la Registraduría, en medio de acusaciones de fraude electoral difundidas por fuera de los canales institucionales.
¿Qué papel tienen las denuncias de fraude en los riesgos que advierte la Defensoría?
El organismo señaló que las acusaciones reiteradas de fraude, formuladas sin acudir a los mecanismos legales previstos, alimentan un ambiente de riesgo para quienes cumplen funciones electorales y recordó que las diferencias sobre los resultados deben tramitarse por las vías institucionales.
¿Qué medidas pidió la Defensoría a las autoridades?
Solicitó a la Fiscalía investigar las publicaciones que puedan constituir delitos e identificar a sus responsables; a la UNP revisar de forma urgente los esquemas de protección del registrador y del personal de la Registraduría; y a las plataformas digitales retirar contenidos que inciten a la violencia.
¿Cuál fue el llamado final de la Defensoría del Pueblo?
La entidad pidió a los líderes políticos y sociales actuar con responsabilidad para desescalar los discursos de odio y reiteró que continuará vigilando la situación con el fin de proteger las garantías democráticas y la integridad de la organización electoral.
