Defensa del canciller pide que Procuraduría cierre y archive el proceso contra Leyva

El abogado aseguró que el organismo no tiene la potestad para emitir algún pronunciamiento respecto a la no licitación del contrato de expedición de pasaportes.
Álvaro Leyva
Álvaro Leyva Crédito: Colprensa

El representante del canciller, Álvaro Leyva, entregó a la Procuraduría el documento con los alegatos finales en el marco del proceso que avanza por la no licitación del contrato de expedición de pasaportes.

El abogado Yefferson Mauricio Dueñas aseguró que el organismo no tiene la potestad para emitir algún pronunciamiento con respecto a la decisión de declarar desierta la millonaria licitación, pues son asuntos que corresponden al contencioso-administrativo.

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"No puede en esta instancia pronunciarse sobre la validez de las actuaciones de la administración, en concreto de decisiones como la suspensión de un proceso contractual, la declaratoria de desierta de una licitación o la urgencia manifiesta, asuntos que constitucional y legalmente están reservados a la jurisdicción de lo contencioso administrativo", menciona el documento.

Dueñas reitera que la decisión de declarar desierto el proceso de contratación no fue una decisión arbitraria, sino que se fundamentó en la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en casos previos.

"El proceso contractual se llevó a cabo con quienes venían adelantando la emisión de pasaportes, lo que prueba, además, que la declaratoria de desierta de la licitación de ninguna manera obedeció a razones subjetivas como se ha pretendido mostrar en algunos escenarios", dicen los alegatos.

Frente a esto, el abogado solicitó que la Procuraduría cierre y archive el proceso disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva que, según la procuradora general, Margarita Cabello, tendría una decisión definitiva a finales de enero.

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Este continúa avanzando luego de la conciliación fallida entre la Cancillería y Thomas Greg en la que las partes no llegaron a un acuerdo con respecto a las condiciones que pedía la empresa para no entrar a demandar a la nación por más de 117.000 millones de pesos.





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