La FM en Google News
En primer lugar, la defensa encabezada por el jurista Mauricio Pava considera que el CNE, debido a su arquitectura institucional, no brinda garantías de imparcialidad al estar integrado por políticos que responden a los intereses de sus partidos. Por esta razón, los magistrados Bernardo Ortiz y Álvaro Prada fueron cuestionados por su oposición e investigación de la campaña de Petro.
Desde el punto de vista jurídico, la tesis del abogado Mauricio Pava Lugo, representante presidencial, y otros juristas consultados fue contundente, argumentando que solo el Congreso tiene la facultad de investigar y juzgar al presidente de la República, a pesar de que el CNE debe continuar investigando a Ricardo Roa y su campaña.
En medio del debate, se revelaron audios y videos de la declaración realizada el pasado 18 de abril por el actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña, Ricardo Roa, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Esta declaración, bajo juramento, constituye una prueba judicial sólida dentro del proceso, ya que ni los congresistas ni los ciudadanos denunciantes han aportado pruebas distintas a lo que han escuchado o leído en los medios de comunicación.
Roa respondió a todas las preguntas e inquietudes de los congresistas investigadores, así como del delegado de la Procuraduría y la defensa del presidente.
La Procuraduría interrogó uno por uno sobre los presuntos aportes de Samuel Lópesierra, Alfonso Hilsaca, Euclides Torres, Cristian Daes y Nicolás Petro. Roa fue contundente al afirmar que no recibieron aportes de ellos.
También explicó que, aunque ofrecieron aportes, no recibieron contribuciones de FECODE y la USO por ser personas jurídicas. Si pretenden considerar esto como delito, es muy probable que denuncien también a la campaña de Iván Duque por el aporte recibido de 560 millones en 2018, ya que en las actas de socios de las empresas se indicaba que el destino de esos recursos era la campaña de Duque, pero finalmente fueron destinados al Centro Democrático, lo que podría interpretarse como "todos en la misma situación".
En cuanto al manejo de la campaña, Roa afirmó que el entonces candidato, Gustavo Petro, impartió dos instrucciones precisas: no violar los topes de gastos y evitar el ingreso de recursos ilegales.
Respecto a los controles, afirmó, bajo juramento, que se realizaron tres auditorías en la campaña: una contratada por la propia campaña, otra impuesta por la Registraduría con la empresa Nexia, que realizaba un control diario, y una tercera conformada por auditores de los distintos movimientos de la coalición Pacto Histórico.
En la Comisión de Acusaciones, la etapa de testimonios y recolección de pruebas está por finalizar. Según la defensa del presidente Petro, ya existe evidencia suficiente para demostrar que la conducta del primer mandatario se ajustó a la ley.
