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El presidente Abelardo De la Espriella ordenó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) una revisión nacional de los sistemas de fotodetección utilizados para imponer comparendos, luego de que una revisión preliminar identificara cerca de 40.000 órdenes que podrían haber sido generadas de manera irregular.
Según informó el mandatario, uno de los primeros resultados se presentó en Cartago, donde fue impedida la entrada en funcionamiento de un sistema de fotodetección que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos.
La revisión también identificó 12 dispositivos cuyas autorizaciones están en proceso de revocatoria por cambios en la competencia de las autoridades de tránsito.
La cifra de aproximadamente 40.000 comparendos todavía está siendo contrastada con la información del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, SIMIT.
A partir de esa verificación se determinará qué actuaciones jurídicas deberán adelantarse frente a las órdenes cuestionadas.
La revisión busca establecer además si existen otros puntos del país en los que los dispositivos hayan comenzado a operar sin que estuviera registrado oficialmente el inicio de su funcionamiento.
La Ley 1843 de 2017 establece que los sistemas de detección automática y semiautomática deben cumplir requisitos técnicos y contar con autorización para su instalación y operación.
El Gobierno también anunció que trabajará con el Ministerio de Transporte en una nueva reglamentación sobre estos sistemas y revisará los vehículos que utilizan dispositivos tecnológicos para detectar infracciones sin la presencia de agentes de tránsito, con el propósito de verificar que cuenten con las autorizaciones correspondientes.
La revisión se produce después de que el Gobierno nacional ya hubiera puesto bajo investigación a 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades relacionadas con sistemas de fotodetección.
En mayo de 2026, el Ministerio de Transporte informó que más de 7,5 millones de fotomultas estaban bajo revisión y que más de 5,8 millones podrían ser objeto de revocatoria de oficio.
El presidente sostuvo que los dispositivos deben utilizarse como herramientas de seguridad vial y no como mecanismos de recaudo, y advirtió que los sistemas que no cumplan las condiciones legales no podrán continuar en funcionamiento.
