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La Defensoría del Pueblo lanzó un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional tras los recientes anuncios de golpes contra estructuras armadas ilegales en los que se ha hecho uso de cadáveres como parte de las declaraciones públicas. El organismo advirtió que el Estado no puede caer en dinámicas de crueldad ni utilizar la muerte como un mecanismo para exhibir autoridad.
"En días recientes vimos al presidente de la República caminar entre cuerpos en tulas blancas de personas que resultaron muertas en la Operación Azarías en el Guaviare. Según el reporte oficial, en dicha operación habrían muerto 23 miembros de las estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos mandos de dicha estructura armada. Según medicina legal, dos de las personas muertas eran menores de edad", dijo la defensora Iris Marín.
"Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes. La muerte no es nueva, es recurrente; la muerte de civiles y la muerte de combatientes, la muerte de inocentes y la muerte de culpables. Los numerosos grupos armados que participan en el conflicto y la criminalidad son crueles, no respetan las reglas más mínimas de humanidad, se ufanan de impiedad y de poder", señaló.
"El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel. Precisamente porque es el Estado, su actuación tiene límites", enfatizó la defensora Iris Marín en un pronunciamiento oficial.
El organismo explicó que, aunque enfrentar militarmente a los grupos armados y proteger a la ciudadanía es un deber constitucional ineludible, las actuaciones oficiales deben regirse bajo estrictas normas éticas y legales: "Incluso en la guerra hay límites, y la dignidad humana no desaparece con la muerte".
Peligro de normalizar exhibición de personas muertas
Asimismo, la institución advirtió sobre el peligro de normalizar este tipo de prácticas visuales en la comunicación oficial: "Las imágenes y los símbolos del poder público también importan. No deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública".
Haciendo memoria de los episodios más oscuros de la historia nacional, la Defensoría recordó que "Colombia conoce demasiado bien lo que ocurre cuando los cuerpos, la humillación y el miedo se utilizan para enviar mensajes de dominio", recalcando que ese lenguaje no le pertenece a un Estado legítimo.
Finalmente, el pronunciamiento concluyó que la verdadera autoridad y fortaleza institucional radican en mantener los principios fundamentales frente a quienes los desconocen: "La fortaleza del Estado no está en parecerse a quienes combate, sino en conservar sus límites incluso frente a quienes los han desconocido. Su legitimidad se afirma cuando protege a la población, hace cumplir la ley y mantiene intacto aquello que dice defender: la dignidad humana".
Deshumanización del adversario
La defensora Iris Marín, hizo un llamado al Gobierno a tener indicadores más comprehensivos frente a las acciones para garantizar la fuerza pública en el país, y advirtió sobre el riesgo que se corre al deshumanizar al adversario.
"Invitamos a tener indicadores más comprehensivos de lo que significa la seguridad, que se miden en derechos garantizados y en vidas salvadas, especialmente para la población civil sometida a la acción de grupos criminales. La humanidad aprendió, después de guerras y violencias extremas, que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder", dijo Marín.
"Colombia conoce demasiado bien esta historia. Durante décadas, distintos actores armados han utilizado los cuerpos, la humillación y el miedo para enviar mensajes de dominio y de terror. Ese lenguaje, de quienes prefieren la muerte a la vida, no puede convertirse en el lenguaje del Estado", sentenció la funcionaria.
Las claves de la noticia
¿Cuál fue la operación militar en el Guaviare que generó el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo?
La Operación Azarías. Realizada en zona rural de Miraflores en el departamento del Guaviare.
¿Cuántos miembros de las estructuras armadas habrían muerto según el reporte oficial y qué condición especial tenían dos de ellos de acuerdo con medicina legal?
Habrían muerto 23 miembros de las estructuras de alias Iván Mordisco, y según medicina legal, dos de las personas muertas eran menores de edad.
¿Qué aspecto consideró la Defensoría que no se debería normalizar en las declaraciones públicas del poder público?
No se debería normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad.
Según el organismo, ¿cómo deberían medirse los indicadores de seguridad en lugar de centrarse en la exhibición de resultados violentos?
Deben ser indicadores más comprehensivos que se miden en derechos garantizados y en vidas salvadas, especialmente para la población civil sometida a la acción de grupos criminales.
