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El presidente Gustavo Petro anunció su intención de impulsar una consulta popular para avanzar en sus reformas laboral y de salud, una propuesta que ha generado debate sobre su viabilidad constitucional. En diálogo con La FM de RCN, el abogado constitucionalista Óscar Ortiz González, promotor de la Séptima Papeleta y ex zar anticorrupción, explicó las diferencias entre este mecanismo y un referendo, además de los requisitos que tendría que cumplir.
Ortiz aclaró que la consulta popular no permite aprobar o derogar normas, sino que se limita a recoger la opinión de la ciudadanía sobre temas generales. "Los referendos son mecanismos para someter a aprobación del pueblo proyectos de ley o reformas constitucionales. En cambio, en una consulta se hacen preguntas generales, sin efecto normativo inmediato", detalló. Además, señaló que, de lograrse la votación mínima exigida, el resultado solo serviría como criterio para presentar un nuevo proyecto de ley. "Es como dar la vuelta a la manzana", comentó.
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El abogado también destacó que la participación ciudadana en estos procesos no solo se da mediante el voto, sino también a través de la abstención activa. "Como se exige un mínimo de concurrencia para que el mecanismo sea vinculante, la abstención es una forma de participación", indicó, recordando casos anteriores como el referendo de 2003 y la consulta anticorrupción de 2018. Además, advirtió sobre el alto costo que implicaría la consulta propuesta por Petro: "Si tomamos como referencia la consulta anticorrupción, que costó más de 300 mil millones de pesos en 2018, esta podría rondar los 500 mil millones de pesos debido al aumento del censo electoral".
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Finalmente, Ortiz cuestionó el tono del anuncio presidencial, argumentando que no reflejaba un verdadero ejercicio de democracia participativa. "La democracia exige deliberación, pluralismo y respeto por la división de poderes. Me parece que la estrategia del gobierno es que la campaña nunca termina y el gobierno nunca empieza", concluyó.
