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La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud que adelanten las gestiones administrativas para garantizar a los usuarios el acceso al uso del cannabis medicinal y sus derivados.
Esta orden se debe a un fallo de dos tutelas, en las que el accionantes alegaban que Famisanar EPS negó la autorización del suministro de una preparación magistral a base de cannabis medicinal.
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Según el tribunal, la entidad de salud negaba el acceso al tratamiento porque en su criterio, las mencionadas preparaciones no se encuentran financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La Sala de Revisión de Tutelas de ese tribunal consideró que se cumplían los presupuestos para que las preparaciones magistrales formuladas fueran entregadas y cubiertas con recursos de la UPC.
Los magistrados mencionaron que para acceder a los servicios y las tecnologías que se encuentran financiados con recursos de la UPC, se deben cumplir con los requisitos estipulados en la normativa vigente, por lo que explicaron que las EPS deben remover todos los obstáculos administrativos para garantizar el acceso a este tipo de productos.
“La negativa del suministro de las preparaciones magistrales a base de cannabis prescritas a las actoras también constituye una vulneración a la garantía fundamental a la vida digna", señala uno de los apartes del fallo de la Corte Constitucional.
La corte consideró que esta actitud de la entidad vulnera los derechos a la salud de las demandantes, pues las medicinas a base de cannabis fueron ordenadas por el medico tratante.
"El actuar de la EPS accionada impide el acceso efectivo a una vida en condiciones dignas, puesto que las referidas preparaciones fueron prescritas a las actoras para el manejo y control del dolor que les genera las patologías padecidas", agregó el documento.
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Ese tribunal concluyó que "si aún no lo ha hecho, autorice y entregue los productos a base de cannabis medicinal a las pacientes en las dosis, cantidades y con la periodicidad ordenadas por el médico tratante".
