Corte Constitucional suspende demandas contra la reforma pensional: ¿Por qué?

La Corte Constitucional suspendió el trámite de una de las demandas que avanza contra la reforma pensional del Gobierno Nacional, aprobada por el Congreso, pues una recusación contra el vicepresidente de ese tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, deberá ser resuelta para poder continuar con el análisis de la legalidad de esa norma.

El recusante afirma que la imparcialidad del magistrado Ibáñez estaría en tela de juicio, debido a las declaraciones en medios de comunicación con respecto a las interceptaciones irregulares en su contra en meses pasados.

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“Se encuentra comprometida debido a las recientes declaraciones que realizó ante los medios de comunicación en relación con una supuesta interceptación ilegal de su teléfono celular, cuya fuente fue una cadena de watts app, de lo que se indagó por parte de las autoridades y sin verificación probatoria”, señala el documento.

En el recurso, el abogado afirma que el magistrado hizo “show” en la declaración, pues luego expresó que no era víctima de chuzadas, por lo que eso representaría un ánimo para atentar contra el Gobierno Nacional, lo que es un comportamiento cuestionable por tratarse de un magistrado de la corte.

“La actitud asumida por el magistrado Ibáñez, pienso que tanto show para luego expresar que no es victima de chuzadas, lo que denota es un aparente ánimo malintencionado de generar suspicacias en contra del ejecutivo, porque no es de recibo que una persona del talante de un magistrado haga este tipo de acusaciones ligeras y sin ningún rigor probatorio”, añadió el accionante.

Este caso se trata de la demanda que presentó la senadora Paloma Valencia pues, hasta el momento, el tribunal estudia los argumentos de Valencia en los que señala que hay vicios en la formación de la ley debido a que, en la discusión de la proposición para aprobar en la Cámara el texto del Senado, ni la ponente ni la ministra de Trabajo, explicaron en contenido de la iniciativa.

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Para la congresista, la reforma ampliaría la base de jubilados de clase media que deberían asumir la carga tributaria, lo que estaría modificando artículos de la Constitución, por lo que solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la norma que fue aprobada por el Congreso.