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Luego de conocerse las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, relacionadas con el fallo de la Corte Constitucional sobre las regalías, en donde indicó que en el 2024 no se realizarán incrementos en los altos salarios del sector público, hubo respuesta desde Cartagena por parte de la Procuraduría.
“El funcionamiento en el Gobierno nacional es básicamente Ejército y Policía, entonces tocamos una vértebra que es la seguridad o altos salarios que no da para recuperar los $6.5 billones, no sé cómo pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público. Esto en las tres ramas del poder público, las entidades descentralizadas, etcétera”, indicó Petro durante su intervención en la instalación del XX Congreso Nacional de la Infraestructura (CCI), que se lleva a cabo en Cartagena.
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Ante esta afirmación, Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, le respondió al presidente y aseguró que los sueldos no podrían congelarse, teniendo en cuenta que hay unos incrementos normales en lo relacionado con el costo de vida.
“Hay normas y hay leyes que determina el funcionamiento de todo el sector público, y una de esas reglas generales, es que por lo menos el IPC tiene que ser respetado porque son los movimientos propios del costo de la vida; entonces hay reglas especiales que determinan y que le dan funciones específicas al presidente de la República para determinar los aumentos en los salarios y él sabe que se tiene que ceñir a la regla”, enfatizó Cabello.
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Aunque en el Congreso varios sectores políticos se han mostrado a favor de disminuir o congelar el salario de los altos funcionarios del Estado, algunos consideran que el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro sobre no incrementar el sueldo de estas personas el próximo año debido al fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma tributaria, podría ser ilegal.
Hasta ahora son varios los funcionarios que se han referido al tema, por lo pronto, lo único certero es que el salario de estas personas está consagrado en la Constitución Nacional, razón por la cual el Gobierno estaría en la obligación de garantizar estos ingresos.
