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El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) salió al paso de los cuestionamientos por la suscripción de un contrato superior a los 10.000 millones de pesos para la contratación de servicios especializados en materia de sanciones financieras internacionales, en medio de la polémica generada tras la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
A través de un comunicado oficial, la Presidencia aclaró que la contratación “no constituye un hecho excepcional ni responde a intereses personales”, sino que hace parte de una práctica histórica del Estado colombiano orientada a la protección de sus intereses estratégicos en el escenario internacional.
“Se busca fortalecer la capacidad institucional”
Según el DAPRE, el objetivo del contrato es fortalecer la capacidad institucional del país para anticipar y gestionar riesgos financieros y reputacionales, y no la defensa personal del jefe de Estado.
“El contrato no tiene como objeto la defensa personal del presidente de la República ni de ningún funcionario o particular, sino el fortalecimiento de la capacidad del Estado colombiano para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras”, señaló la entidad.
La Presidencia recordó que este tipo de contrataciones no son nuevas y que existen antecedentes documentados desde hace varias décadas. De acuerdo con el DAPRE, “los registros oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (FARA Database), así como los archivos institucionales del DAPRE, evidencian que desde 1938 el Estado colombiano ha recurrido, de manera regular y transparente, a firmas especializadas en los Estados Unidos”. Esta práctica, precisó, se mantuvo durante las administraciones de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez.
En el comunicado, la entidad explicó además que las decisiones adoptadas por autoridades extranjeras como la OFAC no corresponden a procesos penales ni judiciales, sino a medidas administrativas de carácter financiero que pueden tener impactos transversales sobre el país.
“De no ser abordadas con rigor técnico y oportunidad, pueden afectar el sistema financiero, las relaciones internacionales y la confianza en el Estado colombiano”, advirtió el DAPRE.
Gobierno dice que contrato está amparado en la ley
Frente a los cuestionamientos por el monto del contrato y la modalidad de contratación, la Presidencia aseguró que el proceso está amparado por el ordenamiento jurídico colombiano y debidamente sustentado en estudios previos.
Según el comunicado, la contratación responde a “la inexistencia de una oferta nacional con experiencia equivalente en esta materia altamente especializada”, y el valor pactado es “razonable y proporcional frente a los riesgos institucionales, financieros y reputacionales que se busca prevenir”.
“El valor del contrato está sujeto a controles estrictos, productos verificables y supervisión permanente”, agregó la entidad, al tiempo que rechazó las interpretaciones que califican la contratación como una anomalía o un privilegio indebido.
“El DAPRE rechaza de manera firme las interpretaciones que presentan esta contratación como una anomalía o un privilegio. Los hechos demuestran que se trata de una decisión responsable, institucional y coherente con la historia del Estado colombiano”, enfatizó la Presidencia, al señalar que la protección del país frente a riesgos internacionales “no es una opción política, sino un deber ineludible de la administración pública”.
Finalmente, el Departamento Administrativo de la Presidencia reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad, y manifestó su disposición para atender los requerimientos de los organismos de control y de la ciudadanía, en medio del debate público que ha generado este contrato y sus alcances.
