Consulta popular: ¿qué sigue y cuándo se radicarán las preguntas ante el Senado?

Aunque se tenía previsto que este lunes se radicaría ante el Congreso de la República la solicitud formal para convocar a una consulta popular, tras el hundimiento de la reforma laboral, dicho proceso se aplazó para otro día.

Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que este lunes no se adelantará este proceso, pese a que el propio ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, había confirmado como fecha de presentación este 21 de abril.

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Adicionalmente, informó que aún no tienen una fecha clara para la presentación de las preguntas ante el Senado, pero muy seguramente se haría en cualquier día de esta semana, posiblemente el miércoles.

El Ministerio del Interior emprendió hace varias semanas un proceso para recibir las sugerencias de la ciudadanía sobre los temas e interrogantes que el Gobierno debería plantear en dicho mecanismo.

Hasta el momento, se sabe que la consulta popular incluiría al menos 10 u 11 preguntas sobre asuntos sensibles relacionados con el bienestar de los trabajadores de todo el país.

Se habla de que contendría alguna interrogantes encaminados a devolver el pago de la horas nocturnas a partir de las 6:00 de la tarde, así como el pago de los dominicales al 100%, que eran dos puntos claves de la reforma laboral que se hundió en el Congreso.

De igual forma, entre las recomendaciones que se han hecho se habla de una pregunta que pueda abordar el tema del tipo de contrato que tienen los empleados, para que los mismos sean a término indefinido.

La reducción de la informalidad laboral, que hoy alcanza el 56% en el país, es otro asunto que preocupa en el marco de la discusión de esta consulta.

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Una vez sean radicadas las preguntas, el Senado de la República comenzará el estudio de la solicitud y tendrá 30 días para que la plenaria se pronuncie sobre la conveniencia o no de la convocatoria a las urnas a los ciudadanos.

Algunas fuentes han expresado que la consulta popular, en caso de ser convocada, le costaría al Estado alrededor de 700.000 millones de pesos, recursos que deberán salir del presupuesto nacional para que la Registraduría organice todo el proceso.